SOLO ESTÁN PARA RENDIRLE PLEITESÍA A SUS JEFES POLITIQUEROS
Prácticamente desde su creación, la Fiscalía General del Estado siempre fue un instrumento de los poderosos de turno, no para impartir justicia, sino para beneficiar a los mandamases, ya sean presidente de la República, senadores, diputados, ministros, gobernadores, intendentes, en fin, cualquier autoridad que tenga la desgracia de contar con algún problema judicial, pero que tiene recursos para salvar este escollo llamado fiscalía general del estado y sus “investigadore$”. La situación que afecta actualmente al prófugo de la justicia Javier Díaz Verón, un reo prófugo y contumaz, investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, siendo buscado actualmente no apenas él sino también su señora y sus retoños.
El caso de este exfiscal general, ahora prófugo de la justicia, evidencia lo podrida que está la justicia paraguaya y de la mancomunión que existe entre el ministerio Público, el presidente de la república y los integrantes del poder legislativo, quienes se tenían todos en una ronda de jaque, donde imperaba el “si vos contás, yo también cuento”. De hecho, este señor podrá aportar muchos, muchísimos datos sobre todos los temas sensibles del gobierno que se acaba de despedir, como por ejemplo quién ordenó la muerte de Rodrigo Quintana, o entonces evidencias de lo que pasó realmente en Curuguaty. Pero lastimosamente la constitución paraguaya no prevé la delación premiada, como en Brasil y Argentina, donde los arrepentidos tienen un bonus de la justicia por revelar a sus cómplices y el modus operandi.
Cuántos casos se habrán empañado para que la ciudadanía no pueda saber la verdad y por eso estos siempre eran tenidos en cuenta por los mandamases para que sigan gobernando los entretelones de la mafia de nuestro país. Y cuando ya no se pudo más, a este caradura sin –vergüenza se lo sacó y volvieron con una cara fresca a una mujer para ser la fiscal general del Estado. Se trata de Sandra Quiñonez, la polémica fiscal que deja mucho que desear y apuntalada a dedo por Horacio Cartes, quien estaría bajo sus ordenes y que ya habrá obedecido a HC en algunos negociados turbios cometidos por éste y sus gerentes y secuaces. Además Sandra Quiñónez tiene en su haber varias denuncias realizadas por Organizaciones Sociales y de Derechos Humanos debido a prácticas atentatorias contra derechos fundamentales del ser humano. En un país serio, ésta no podría jamás de los jamases ni nunca de los nuncases ser nombrada fiscal general del estado.
Solamente los países bananeros como el nuestro se los nombra a quien más puede beneficiar a la corruptela implementada por los políticos, parlamentarios, ministros de la Corte, y hasta el propio número uno, como el que pasó por Paraguay y dejó empeñado hasta los espermatozoides. Lo más lamentable que solo un juicio político puede destituir a esta fiscala general, pero como la mayoría están en el mismo embrollo, esto terminaría como un juego de ajedrez, con el famoso dicho “jaque nomás….”.