Miembros de la FTC, un organismo inservible que demanda millones en recursos del Estado.
Silvio Villalba poblador del Barrio San Miguel de la ciudad de Horqueta, denunció recientemente que miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta atropellaron su vivienda sin motivo alguno. Sostuvo que los intervinientes se equivocaron y que posteriormente le pidieron disculpas y luego se marcharon. “Me siento indignado ingresaron a mi casa sin ninguna orden, asustaron a mi familia y luego piden disculpas, lamento mucho lo sucedido, no pueden hacer esto”.
Con esto, corroboramos una vez más que este grupo armado denominado EPP se ha convertido en un fantasma, útil para criminalizar aún más la lucha campesina y para inyectar valores a la FTC, que se convirtió en un rentable negocio para militares y policías de alto rango.
Además, Concepción tiene la segunda superficie boscosa más extendida de la región Oriental, donde se conservan especies consideradas de relevancia para el mundo. Desde la dictadura de Alfredo Stroessner, las autoridades del Gobierno en vez de incluir a la población de Concepción al circuito productivo interno, con todo su potencial, cimentaron las bases para la llegada y control del capital internacional, principalmente brasileño.
Y como puede verificarse en los extensos sojales, de departamentos como Alto Paraná, “la población es un estorbo en este esquema” de desarrollo. En Kurusu de Hierro, donde cundió el pánico en el 2006 por la supuesta incursión guerrillera del EPP, ahora existen evidencias de despoblamiento campesino. Y lo más importante: donde antes habían humildes viviendas, ahora solo hay soja.
Casualmente -dicho esto con cierta ironía- el EPP había aparecido en medio del reclamo popular contra productores que contaminan el aire con agrotóxicos. Extensos sojales iban cercando peligrosamente a comunidades rurales con la complicidad de las autoridades del Gobierno, en detrimento de la salud, la paz y de la agricultura familiar de los habitantes del lugar. Así que son dos cuestiones fundamentales en este tema, por un lado, la inversión millonaria en la FTC y por el otro, la conveniencia para los sojeros explotadores.