Extinción de dominio y la impunidad
CIUDAD DEL ESTE (Especial) La extinción de dominio es un mecanismo mediante el cual el Estado puede perseguir los bienes de origen o destinación ilícita, a través de una vía judicial que tiene como finalidad declarar la pérdida del derecho de propiedad de dichos recursos. Su importancia radica en que es un instrumento esencial para la ejecución de las estrategias contra el crimen organizado, ya que cumple un papel fundamental en la desarticulación de organizaciones y redes criminales, además de detener los efectos que genera el flujo de recursos ilícitos en la sociedad.
Pero en Paraguay aún no tenemos una ley de estas características, porque a los políticos, presidentes, senadores, diputados, ministros, no les conviene. Si vemos que un funcionario al servicio del Estado se está enriqueciendo, es porque está usurpando el dinero público, como los planilleros por ejemplo. El punto neurálgico de la cuestión son los desvíos, facturas truchas, sobrefacturaciones y otros mecanismos que utilizan para enriquecerse y robar de las arcas del Estado. Deberían existir la extinción de dominio para aquellas autoridades que sean denunciados por malversación, enriquecimiento ilícito y asociación criminal para delinquir, esto la justicia lo tenga que imputar, embargar sus bienes y allí debe entrar la figura de la extinción de dominio, lo que significa sacarle todo lo que robó. Si hay un faltante de 10 millones de dólares, debe devolver cada céntimo al Estado, y no como hoy día ocurre en Paraguay, en varios casos que ya ocurrieron, fueron imputados, condenados, pero nunca hubo la devolución de lo robado. O sea que no se utilizó la extinción de dominio, como el otro día estaban estudiando en Diputados, pero solo para los narcotraficantes, donde no cabe esto, porque los narcos no roban al gobierno, sino se enriquecen por tráfico de drogas.
Esta figura cabe cuando el presidente y su gavilla, que hicieron negociados con obras sociales, sobrefacturación, obras inconclusas, pero siempre pagadas al contado, a empresas del mismo grupo que supuestamente dan la palada inicial y para el proyecto de caminos, puentes, obras viales por valores altísimos, donde dicen que ya se pagó a la empresa en su totalidad y las firmas adjudicadas que son del mismo grupo usan el 20 porciento de lo que se pagó para fingir el cumplimiento del tratado y el resto desaparece en las falquitreras de los sinvergüenzas. Y de esa manera se enriquecen en forma ilícita y el pueblo tiene que pagar los platos rotos. Pero con una ley que tenga extinción de dominio para todos aquellos politiqueros, autoridades, que se pasaron de listo, la justicia los debe condenar y retirar todos los bienes hasta cubrir lo robado. Solo así este Paraguay puede comenzar a andar por un sendero de legalidad. Porque por el momento estamos transitando por una avenida que no es la fifth avenue (quinta avenida), sino estamos por una avenida de la corrupción y la impunidad.