El titular de la Secretaría Antidrogas (Senad), Luis Rojas, advirtió este jueves del “alto costo político” que supone la guerra contra el narcotráfico en el país, debido a que el negocio de las drogas “contaminó a la clase política”.
“Tenemos un fenómeno nuevo, y es que la clase política no vinculada al narcotráfico está denunciando a sus propios compañeros que sí están implicados en el negocio de la droga”, expuso Rojas.
Se refirió así a la investigación que la Senad y la Fiscalía llevan a cabo con base en pruebas recogidas en diferentes operativos antidroga que vincularían a actuales cargos políticos con redes de narcotraficantes.
Rojas aseguró que “todavía no se ha terminado con la auditoría de los casos”, pero en la información recopilada, procedente de varios allanamientos con orden judicial en propiedades de narcotraficantes, “aparecen muchos actores, algunos de ellos ocupando cargos políticos”, y se detectó también “mucha corrupción interna en los organismos de seguridad”.
El informe de la Senad se dio a conocer en el Senado en noviembre pasado y apunta a los posibles nexos con el narcotráfico de varios legisladores oficialistas, que negaron las acusaciones.
El debate sobre la existencia de un posible sistema de “narcopolítica” en Paraguay se instaló entre los medios y la clase política en octubre pasado, cuando fue asesinado el periodista Pablo Medina y su asistente, Antonia Almada.
Medina, corresponsal del diario ABC Color en Canindeyú, era conocido por sus investigaciones en las que apuntaba supuestas implicaciones entre algunos políticos del departamento y capos del narcotráfico.
La Fiscalía imputó como autor intelectual del asesinato a Vilmar Acosta, alcalde del gobernante Partido Colorado en una localidad de ese departamento, sobre quien pesa una orden de busca y captura de Interpol.
Acosta está también imputado por producción y acopio de marihuana.
Además, el pasado fin de semana fue detenido un concejal del opositor Partido Liberal con una tonelada de marihuana.
Otros dos concejales, uno liberal y otro del Partido Colorado, están siendo investigados por la Fiscalía por su supuesta relación con la incautación de 250 kilos de cocaína el pasado sábado en el departamento de Amambay, fronterizo con Brasil.
Paraguay es el principal exportador de marihuana de Suramérica y una gran parte tiene como destino Brasil.