CIUDAD DEL ESTE (delitos ambientales, por Carlos Roa). Una situación lamentable y sumamente grave para la salud de los pobladores se está registrando en el asentamiento 19 de Agosto, jurisdicción del distrito de Guajaibi. De acuerdo a los datos, en el lugar los vecinos están sufriendo por el uso indiscriminado de agro-tóxicos, aplicados en un inmueble de 30 hectáreas, propiedad de un tal Carlos Arroce Frutos y que es alquilada por otro sujeto de nombre Aníbal Romero, quien cultiva soja en el lugar y utilizaría agro-tóxicos franja roja, lo cual está afectado al ganado de los vecinos y también a las personas, que sienten náuseas, cefaleas, dolores de cabeza, entre otros síntomas propios de envenenamiento por agro-tóxicos. Lo más grave es la inacción del SENAVE, quien ya fue informado del caso, pero no obstante no toma cartas en el asunto, presuntamente porque estaría recibiendo algunas dádivas para no proceder contra los que envenenan al medio ambiente y a las personas.

Los denunciantes indicaron que varias veces hablaron con el inquilino, con el propietario, para hallar una solución, pero siempre hicieron caso omiso. Ante esto, denunciaron el caso en la oficina regional del SENAVE, ubicada sobre calle 6000, donde fueron atendidos por un tal Ing. Ariel Delvalle, quien se comprometió a verificar y a tomar medidas, cosa que tampoco ocurrió. Así también se denunció en la Fiscalía Zonal de Santa Rosa del Aguaray, Graciela Beatriz Vergara, quien tampoco no tomó ninguna acción al respecto.

Y así como este caso hay muchísimos otros, ya que estos terratenientes, en su mayoría extranjeros foráneos, sin arraigo y mucho menos amor a la patria, se encargan de deforestar, envenenar, destruir y arrasar con nuestros últimos recursos ambientales que nos quedan y hoy ya pagamos las consecuencias de esta situación, con sequías, incendios, tormentas, en fin, un pandemónium de situaciones que nos acogotan como país y están causando problemas tanto en el área urbana como rural.

Y lo más tétrico y trágico es la inacción de las autoridades, llámese SENAVE, Infona, fiscalía de delitos ambientales, servicio forestal nacional, en fin, son varios los organismos que cobran millonadas del estado paraguayo, pero son conniventes ante los atropellos y delitos cometidos por estos sojeros desalmados.