CIUDAD DEL ESTE (Redacción) La fiscal penal de turno, Vanesa Candia, dispuso la liberación de los 12 manifestantes aprehendidos por el bloqueo del Puente de la Amistad en la mañana de este martes. Se tratan de ex obreros de la Itaipú Binacional, que reclaman el pago de una millonaria compensación. En las imágenes transmitidas por medios digitales se puede ver cuando los marinos con policías esperan que los manifestantes, que ya se estaban retirando del lugar, lleguen hasta la zona primaria de la Aduana y en ese lugar usando la violencia proceden a detener y golpear a los manifestantes. La policía llegó al lugar en un ómnibus de la empresa Río Paraguay quien actualmente es la que transporta a los funcionarios activos de Itaipú, casual??? O la entidad binacional pagó por esta detención y garroteada???
La representante del Ministerio Público aclaró que la disposición de liberar a los aprehendidos, no implica el cese de las investigaciones para determinar la posible responsabilidad penal de los mismos en el caso.
“Siempre que el acto sea pacífico, sin armas y con fines lícitos, y que se respeten los derechos de terceros y el orden público establecido por la ley. En este caso, se debió respetar el derecho al libre tránsito de las demás personas que circulaban por el Puente de la Amistad”, expresó la fiscal Candia.
De igual forma, la representante fiscal afirmó que tiene información preliminar de que estas personas estaban bloqueando intermitentemente una de las calzadas del puente, pero en el lado brasileño. Esto podría implicar una falta de acción en territorio paraguayo, por lo que se deben solicitar informes a la Aduana y la Armada Paraguaya apostadas en la zona primaria para corroborar esta circunstancia.
Atendiendo a los elementos expuestos, la fiscal consideró apropiado disponer la libertad de los aprehendidos y continuar la pesquisa para determinar si se cometió alguna conducta penalmente relevante en el lugar.
En relación al reclamo de los ex obreros, la entidad binacional reiteró este martes que la ley sancionada por el Congreso Nacional en agosto del año pasado fue vetada por el Poder Ejecutivo en fecha 5 de octubre del mismo año.
La decisión del Poder Ejecutivo se dio tras un exhaustivo análisis jurídico y los asesores legales del Gobierno Nacional calificaron la medida de inconstitucional y que tendría un elevado costo para el Estado.
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