Mañana viernes habrá un acto con la presencia del ministro Ángel Ramón Barchini, los primeros internos que ocuparán las celdas de la nueva cárcel serán personas con condena firme que hayan cumplido el 50% de su condena, y serán trasladados bajo un estricto sistema de seguridad con los nuevos agentes penitenciarios que egresaron recientemente de un riguroso curso.
Recientemente el ministro Barchini había dicho que con la habilitación de la penitenciaría de alta seguridad de Minga Guazú, se iniciará otro eje de la reforma penitenciaria y el nuevo modelo en que está embarcado el Ministerio de Justicia. A la nueva cárcel de que se habilita oficialmente en la fecha serán destinados solo las personas privadas de libertad (PPL) con condena, cumpliéndose así con una exigencia internacional. El ministro aseguro que el Estado tiene bajo control a los centros penitenciarios, pero que todavía pueden presentarse situaciones lamentables como la que se dio semanas atrás en Pedro Juan Caballero, pero que la lucha contra el crimen organizado en el sistema penitenciario continúa y los clanes criminales serán vencidos. El secretario de Estado también señalo que proceso de reformas históricas del sistema penitenciario se inicia en Alto Paraná de modo a suprimir el déficit histórico en el tratamiento de las PPL que según el Código de Ejecución Penal, deben estar separadas de acuerdo a su condición jurídica y que eso facilite la aplicación de políticas públicas destinadas a la reinserción social, al respecto técnicos nacionales e internacionales trabajan en una matriz que defina el perfil de las PPL para lograr eficacia en la separación. Este filtro respetará los DDHH y tendrá en cuenta factores como seguridad, sanidad, educación, trabajo, entre otros.
NUEVOS AGENTES PENITENCIARIOS
Recientemente egresaron 124 jóvenes como nuevos agentes penitenciarios que pasarán a desempeñar funciones en la Penitenciaría Regional de Minga Guazú. Los nuevos agentes penitenciarios culminaron la primera etapa de un entrenamiento intensivo de seis semanas con la cooperación de las Fuerzas Armadas, que facilitaron sus instalaciones y personal, instructores y especialistas de la Policía Nacional y de cuerpos de bomberos.
En una segunda etapa su labor será trascendental en el respeto, los derechos de las personas privadas de libertad; así como en la implementación de los programas educativos y laborales que promuevan la reinserción y rehabilitación social, que es el fin principal de la imposición de una condena, según explicaron desde el Ministerio de Justicia.
