NACIONALES (corrupción) Los hijos de los diputados liberales también fueron imputados por cobro indebido de honorarios. Mientras que la Fiscalía pidió desestimar la denuncia contra Montserrat Alliana y Alejandro Ovelar.
A pesar de que Raúl Latorre abrió un concurso para 50 cargos en la cámara como vía para disipar la sombra por los casos de los “nepo babies”, la justicia imputó este lunes a dos legisladores del PLRA que ubicaron a sus hijos en el Congreso. La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción arremetió contra de la diputada Roya Torres y su hijo Elías Martín Godoy Torres y contra su compañero de bancada Cleto Giménez y sus hijas Danna y Johanna Giménez.
Las imputaciones son por el presunto cobro indebido de honorarios y ambos dirigentes liberales podrían ser penalizados por haber usado su influencia para las contrataciones que, de acuerdo a la Fiscalía, se produjo de forma irregular y sin respetar el protocolo. Elías, Danna y Johanna no cumplían horarios y ni siquiera se presentaban a trabajar a la cámara, lo que marcó la diferencia respecto a otros “hijos de” que por el momento escaparon del radar del Ministerio Público.
Tras la expulsión de los senadores Hermelinda Alvarenga, Dionisio Amarilla, Noelia Cabrera y Edgar López, el líder del PLRA, Hugo Fleitas, no quiso poner en la picota a Roya y Giménez, pese a su cercanía con el cartismo y la contratación de sus familiares. Elías amagó con renunciar, pero luego cambió de parecer y permaneció como asesor de su madre, puesto por el que cobra G. 9,5 millones al mes.
A mediados de enero, el hijo de Roya incluso montó su oficina en la Municipalidad de Presidente Franco, que gobierna su padre, el también dirigente liberal Roque Godoy, para evadir a los periodistas que cubren el día a día del Congreso. Poco antes había aparecido en una oficina de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) de Alto Paraná, de donde es oriunda la madre, pero donde él no cumplía funciones.
En paralelo, los fiscales Diego Arzamendia, Jorge Arce y Francisco Cabrera pidieron desestimar la denuncia contra Montserrat Alliana, hija del vicepresidente, porque según su parecer Latorre contaba con las atribuciones para contratarla. Montserrat percibe un salario mensual de G. 18 millones por su cargo de funcionaria en la cámara baja.
Otro de los que fueron exonerados por la Fiscalía es Alejandro Ovelar, hijo de Silvio “Beto” Ovelar, titular saliente del Senado. La misma suerte corrió para Silvana Jazmín Busto Adorno, hija del diputado colorado José “Mino” Adorno, que en su momento se burló de la denuncia por nepotismo.
