CIUDAD DEL ESTE (locales por redacción) La audiencia preliminar prevista para el martes 30 de septiembre en el caso que involucra al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, fue suspendida luego de un incidente que terminó con el arresto disciplinario de uno de los abogados presentes.
El juez Humberto Otazú, quien lleva adelante el proceso conocido como “Caso Tajy”, había convocado a los imputados por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en relación a un presunto perjuicio patrimonial de G. 306 millones durante la pandemia.
Durante la audiencia, el abogado Bruno Stiven Aguayo —defensor de la acusada Cirle Elizabeth Alcaraz— presentó una excepción de incompetencia material, que fue rechazada por el juez. Ante esta decisión, Aguayo reaccionó de forma airada, increpando al magistrado con expresiones que fueron consideradas ofensivas y fuera de lugar en el contexto judicial.
Según el acta, Aguayo acusó al juez Otazú de tener vínculos con el clan Zacarías Irún y de actuar con parcialidad. La situación se tornó tensa cuando otro abogado, Roberto Carlos Benítez, se sumó a los cuestionamientos. El juez consideró que la conducta de Aguayo atentaba contra el respeto y el orden de la audiencia, por lo que dispuso su arresto disciplinario inmediato.
Además, se convocó a una audiencia disciplinaria para el próximo 14 de octubre, tanto para el abogado como para su defendida. La defensa también presentó una recusación contra el juez, lo que obligó a suspender la audiencia preliminar.
Este episodio se suma a una serie de maniobras judiciales que, según el magistrado, buscan dilatar el avance del proceso. Miguel Prieto y otros exfuncionarios municipales siguen imputados, pero el caso continúa sin definiciones concretas debido a estos obstáculos.
