CIUDAD DEL ESTE (Realidades por Carlos Roa) Las personas con discapacidad física, como quienes han perdido una pierna, un brazo o un ojo, y aquellas con discapacidad intelectual, son frecuentemente objeto de miradas despectivas, comentarios hirientes y actitudes de menosprecio. En la idiosincrasia paraguaya aún cuesta dejar de disminuir a los que son diferentes, como si la diversidad humana fuera un defecto y no una realidad. La falta de rampas en edificios públicos y privados es un ejemplo claro: se sigue construyendo sin pensar en quienes usan sillas de ruedas, condenándolos a depender de otros para moverse. Esta exclusión no es solo arquitectónica, es cultural.
El gobierno, a través de la Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad (SENADIS), ofrece beneficios como acceso a programas sociales, apoyo en salud y educación, y la posibilidad de ser incluidos en políticas de empleo. Sin embargo, inscribirse en SENADIS implica atravesar un sinfín de protocolos, papeleos y requisitos que desalientan a muchos. Aquí aparece lo que algunos llaman “la idiosincrasia de la burro-cracia del estado”, donde la ayuda existe en teoría, pero en la práctica se convierte en un obstáculo más. Mientras tanto, en países vecinos como Brasil, las personas con discapacidad reciben un salario básico que les permite vivir con dignidad sin tantas vueltas.
Los discapacitados son menospreciados porque la sociedad aún los percibe como “incompletos” o “incapaces”, cuando en realidad lo que falta es un entorno inclusivo que les permita desarrollarse plenamente. El paraguayo promedio todavía lucha por aceptar que la diferencia no es un defecto. Nadie elige ser discapacitado, pero todos merecen respeto, oportunidades y accesibilidad. La deuda del Estado y de la sociedad es enorme: no se trata solo de rampas o beneficios, sino de cambiar la mentalidad colectiva para que la inclusión deje de ser un discurso y se convierta en una práctica cotidiana.
