NACIONALES (Judiciales por Esteban Ross) El caso de Rodolfo Friedmann desnuda con crudeza la doble moral de un sistema judicial que aplica todo el rigor de la ley contra los sectores más vulnerables, mientras le abre una alfombra roja de impunidad a los poderosos de turno. Más de 16.000 millones de guaraníes que debían destinarse a la merienda escolar de los niños del departamento de Guairá terminaron en bolsillos ajenos, según la acusación fiscal por hechos ocurridos entre 2016 y 2017. Sin embargo, mientras un ciudadano común que roba por necesidad o desesperación termina inmediatamente esposado, en un calabozo y sufriendo una prisión preventiva exprés, la Justicia demuestra una paciencia infinita cuando el acusado viste saco y corbata.
Casi diez años después del escándalo, el proceso sigue empantanado entre chicanas, y todavía no existe ni una sola condena ni una absolución firme. El camino judicial ha sido un desfile interminable de suspensiones, recusaciones mañosas, pedidos estratégicos de sobreseimiento y recursos dilatorios diseñados exclusivamente para agotar los plazos. Hubo una sola recusación que logró congelar la causa durante casi dos largos años, demostrando cómo los operadores políticos manipulan los tribunales a su antojo. Cuando finalmente parecía que se ponía fin a tantas trabas y se ordenaba el inicio del juicio oral —una decisión respaldada incluso por la Cámara—, nuevas maniobras lograron postergarlo una vez más, convirtiendo el proceso en una auténtica burla a la ciudadanía.
Esta disparidad procesal revela una maquinaria montada para proteger a los intocables. Al ladrón de poca monta se le aplica la cárcel primero y se le exige que dé explicaciones después, pisoteando sus derechos más básicos desde el primer minuto. En cambio, para los políticos influyentes y los grandes corruptos de cuello blanco, el sistema reserva una interminable variedad de recursos legales, chicanas y años de espera. Llegados a este punto, ya no se puede hablar de una simple justicia lenta; estamos ante una impunidad cocinada a fuego lento y a la medida de los intocables. Cuando un expediente necesita una década entera tan solo para llegar a la etapa de juicio, el olor a corrupción es insoportable. No podemos permitir que el paso del tiempo borre los delitos ni la indignación popular.
No perdamos la memoria.
