CIUDAD DEL ESTE (Corrupción, por Carlos Roa) El programa estrella del oficialismo, Hambre Cero, se convirtió rápidamente en uno de los negocios más lucrativos y blindados dentro de las contrataciones públicas del Paraguay, concentrando billonarios recursos en manos de un grupo muy reducido de proveedoras. Entre ellas destaca poderosamente Ladero Paraguayo S.A. —representada legalmente por figuras como Osvaldo Jean Pujol y vinculada históricamente a operadores pesados del continuismo político como el entorno de José Alberto Alderete—, firma que escaló de forma escandalosa sus adjudicaciones hasta superar los 1.300 millones de dólares o billones en contratos plurianuales en todo el país, consolidándose como la gran favorita de las gobernaciones coloradas. En Alto Paraná, este esquema opera bajo la atenta y complaciente mirada del gobernador César «Landy» Torres, quien maneja una porción monumental de estos fondos para la alimentación de más de 130.000 estudiantes pero esquiva sistemáticamente dar nombres claros y detalles sobre los verdaderos beneficiarios detrás de los millonarios pliegos.
A pesar de los discursos oficiales de transparencia, lo que tanto Landy Torres como los operadores de este sistema callan celosamente es cómo se tejen los hilos políticos y económicos en las adjudicaciones departamentales. Mientras el gobernador insiste públicamente en victimizarse ante cuestionamientos del Congreso o auditorías de papel y asegura que todo marcha sobre ruedas sin denuncias formales, la realidad en los departamentos muestra otra cara: un mercado hiperconcentrado donde unas pocas empresas se reparten la torta estatal mientras las comunidades escolares denuncian raciones deficientes, falta de control real y una opacidad absoluta en la trazabilidad de los alimentos. ¿Por qué se concentran los contratos multimillonarios en un círculo tan cerrado? ¿Qué vínculos reales existen entre las empresas proveedoras como Ladero y los padrinos políticos de la seccionalera corporativa? Las respuestas a estas preguntas brillan por su ausencia en los informes oficiales de la Gobernación de Alto Paraná.
La ciudadanía y los sectores contralores exigen que Landy Torres deje de escudarse en comunicados tibios y baje toda la documentación a la mesa. No se trata simplemente de repartir platos de comida, sino de transparentar a dónde van a parar los impuestos de la gente y quiénes son los verdaderos dueños del negocio detrás de las fachadas corporativas. Si la gestión del gobernador fuera tan transparente como pregona, no tendría temor de abrir los contratos de extremo a extremo, detallar los filtros de selección de estas empresas superpoderosas y explicar por qué su administración blinda un esquema donde los negociados con la plata de los escolares parecen pesar mucho más que el bienestar de la niñez altoparanaense.
