CONCURSOS BAJO SOSPECHA EN EL PODER JUDICIAL DE ALTO PARANÁ,  EL NEPOTISMO VUELVE A GOLPEAR LA CREDIBILIDAD INSTITUCIONAL

CIUDA DEL ESTE (Corrupción, por Charly friendz) La Administración del Poder Judicial de Alto Paraná llamó recientemente a concurso para cubrir varios cargos vacantes dentro de la circunscripción. Sin embargo, lejos de representar una oportunidad abierta e igualitaria para los profesionales y ciudadanos que buscan acceder a la función pública por mérito propio, fuentes internas de la institución aseguran que los únicos con posibilidades reales de quedar seleccionados serían los parientes y allegados directos de las propias autoridades.

Carlos Javier Vento, junto a la sobrina de Bertha Avalos

Según la denuncia acercada a nuestra redacción por informantes que presencian de cerca el manejo administrativo, tal es el caso de Carlos Javier Vento, quien cumple funciones en la institución en carácter de contratado desde el año 2020 y se desempeña actualmente como jefe de obras civiles en el complejo edilicio del Poder Judicial, ubicado en el Kilómetro 8 Monday de Ciudad del Este. De acuerdo con los datos proporcionados por nuestra fuente, Vento sería pareja sentimental de la sobrina de la actual presidenta de la circunscripción, la abogada Juana Bertha Avalos. Un detalle que llaman fuertemente a la atención es que su ingreso original a la institución se produjo precisamente durante la anterior administración de Avalos, y ahora que la magistrada vuelve a ocupar la titularidad, se impulsa este llamado a concurso que, según advierten desde adentro, funcionaría únicamente como un mecanismo formal para lograr el nombramiento definitivo de quienes ya fueron ingresados como contratados.

Actual Presidenta de la circunscripción, la Abogada Juana Bertha Avalos

Este tipo de prácticas constituye una grave distorsión de la función pública y evidencia un problema estructural que se repite de manera sistemática en diversas instituciones del Estado. Cuando los llamados a concurso se utilizan simplemente para blanquear vínculos familiares o de afinidad, no solo se desvirtúa el principio constitucional de igualdad de oportunidades y se desalienta a los postulantes capacitados, sino que se debilita profundamente la confianza ciudadana en la transparencia de una institución que, precisamente, debería ser la principal garante de la legalidad y la justicia en el departamento.

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