NACIONALES (Politiquería, por Ana Paula Britez) La renuncia de Emiliano Rolón Fernández como fiscal general del Estado representa un paso importante para comenzar a romper con el camino de impunidad que, a mi criterio, se venía construyendo desde el Ministerio Público en favor de Santiago Peña y su entorno político. Su salida, producida en medio de fuertes cuestionamientos y ante el avance de un juicio político, deja al descubierto las profundas debilidades de una institución que debía garantizar investigaciones independientes, pero cuya actuación generó serias dudas sobre la protección de los intereses ciudadanos frente al poder político y económico.
Lo más tétrico en estas situaciones es que utilizan un modus operandi para salir ilesos de las barbaridades que cometieron en su gestión, en donde fue comprobado que él sabía la cuestión de UENO BANK como actuaban y lo que hacían porque estaba involucrado y también recibía billetes en sobres en la casa conocida como Mburuvicha Roga y que obvió muchas denuncias como el que se sabe la muerte del fiscal Marcelo Pecci y muchos otros casos donde este sabía pero se tapó la boca porque el recibía algunas ofrendas y como este país unos e escuda atrás d de la impunidad o del amigo patrón o de gestos y de chicanas judiciales para defender su culpabilidad en los hechos que estos seguían a tutiplé.
Durante su gestión, Rolón fue cuestionado por presuntas omisiones, demoras y deficiencias en investigaciones que involucraban a figuras vinculadas al poder. La crisis de Ueno Bank terminó exponiendo con mayor fuerza estos cuestionamientos y la necesidad de revisar la actuación del Ministerio Público. Resulta preocupante que una institución cuya principal responsabilidad es perseguir los hechos punibles haya sido señalada por actuaciones que, según sus críticos, pudieron favorecer la impunidad. La justicia no puede funcionar como un mecanismo de protección para quienes ocupan posiciones privilegiadas ni actuar solamente cuando la presión ciudadana y política vuelve insostenible el silencio institucional.
Sin embargo, la salida de Emiliano Rolón no significa que el problema esté resuelto. Por el contrario, considero que este es apenas el comienzo de un proceso que debería permitir esclarecer las responsabilidades de quienes, desde diferentes espacios del poder, pudieron haber contribuido a encubrir irregularidades o dificultar investigaciones. Paraguay necesita recuperar la credibilidad de sus instituciones y demostrar que los vínculos políticos, las influencias económicas y los intereses particulares no pueden estar por encima del cumplimiento de la ley.
La renuncia de Rolón marca el final de una gestión profundamente cuestionada, pero también abre una oportunidad para recuperar el verdadero sentido de la justicia. No basta con reemplazar autoridades si permanecen intactas las estructuras que permiten la impunidad.
