CIUDAD DEL ESTE (corrupción) Conforme a la denuncia de la Contraloria Ciudadana una licitación pública nacional aparentemente amañada, impulsada por el suspendido intendente Miguel Prieto, habría servido como mecanismo para el saqueo de G. 2.673 millones de las arcas municipales. La adjudicación fue realizada a la empresa GEOCAD Consultoría, Topografía y Ambiental para la mensura judicial y actualización catastral de la emblemática Finca N° 66, habitada por miles de familias humildes.
El contrato, rubricado bajo la Resolución N° 5894 I.M., fue avalado por la entonces directora jurídica municipal, abogada Nidia Ignacia Silvero de Prieto, actual presidenta del Colegio de Abogados del Alto Paraná, quien con su dictamen legitimó pagos completamente desproporcionados y carentes de sustento legal.
Entre los rubros aprobados por Silvero de Prieto figuran:
- Estudio de antecedentes de título: G. 267.300.000 (cuando el arancel legal no supera G. 5.381.350).
- Publicación en prensa: G. 267.300.000 (aunque la factura real de ABC Color fue por solo G. 585.000).
- Constitución de juez en el inmueble: G. 267.300.000 (cuando por acordada judicial solo correspondía unos G. 1.600.000).
- Acompañamiento de MOPC y Catastro: G. 267.300.000 (cuando el arancel oficial por el trámite es de apenas G. 25.000).
Todo indica que los montos fueron inflados con total premeditación, convirtiendo un proceso necesario para los asentamientos populares en un esquema de saqueo institucionalizado.
La licitación N° 07/20 fue diseñada Ad Referéndum Plurianual, es decir, con pagos escalonados durante 2021 y 2022, lo que facilitó el manejo opaco de los fondos. El dictamen jurídico de Silvero de Prieto, lejos de advertir sobre los costos exorbitantes, justificó cada uno de ellos.
El abogado Víctor Enríquez manifestó que el caso expone no solo el desvío sistemático de recursos, sino también el uso de cargos técnicos y jurídicos para legitimar maniobras fraudulentas, en perjuicio directo de una población necesitada.
Exigen una investigación penal y patrimonial a todos los responsables involucrados, incluyendo a la exdirectora jurídica municipal, al empresario Jorge Daniel Quintana y al suspendido intendente Miguel Prieto.
