CIUDAD DEL ESTE (Realidad Fatídica, por Carlos Roa) ¡Ayayái! Las penurias que deben atravesar las personas con discapacidad en nuestro país parecen no tener fin. Como si no bastara con cargar diariamente las limitaciones físicas o intelectuales, todavía deben luchar constantemente para que se respeten sus derechos y necesidades básicas.
¿Existen leyes? Sí, existen, pero muchas veces quedan solo en papeles. La Ley Nº 4934/2013 de Accesibilidad al Medio Físico para las Personas con Discapacidad establece claramente que todo edificio público y privado de uso colectivo debe contar con rampas, estacionamientos exclusivos y accesos adecuados para garantizar la igualdad de oportunidades. Sin embargo, la realidad en lugares transitados, con gran flujo de vehículos y personas, demuestra lo contrario: allí es donde menos cabida tienen quienes requieren un poco más de atención.
Un ejemplo claro es el centro comercial Noblesse Plaza en Ciudad del Este. ¿Cómo puede un complejo tan grande no contar con un espacio de estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad locomotora? Sí, existe una rampa, pero el acceso es absurdo: al no haber estacionamiento reservado, los usuarios deben dejar sus vehículos lejos y desplazarse entre autos para llegar a una rampa mal ubicada y poco funcional.
Al ingresar, un guardia responde con un “no sabo” cuando se le consulta por el estacionamiento para discapacitados. Acto seguido, coloca un cono para reservar lugares, no para quienes lo necesitan, sino para empleados o allegados que le pagan un plus semanal. Mientras tanto, quienes dependen de andadores o sillas de ruedas deben abrirse paso entre vehículos, arriesgando su seguridad y dignidad.
La pregunta es inevitable: ¿por qué las autoridades municipales y nacionales no exigen ni verifican el cumplimiento de estos apartados especiales que son vitales para tantos ciudadanos? La ley es clara, pero la fiscalización brilla por su ausencia. Y lo más grave: muchos edificios, incluso públicos, ni siquiera cuentan con rampas o accesos mínimos, violando abiertamente la normativa y condenando a las personas con discapacidad a la exclusión.
La accesibilidad no es un lujo, es un derecho. Y mientras siga siendo ignorado, nuestra sociedad continuará mostrando su peor rostro: el de la indiferencia.
