CIUDAD DEL ESTE (Nacionales, por Carlos Roa) El tema de los peajes en Paraguay es un ejemplo claro de cómo se normaliza un mecanismo de saqueo bajo el disfraz de legalidad. Durante décadas se ha cobrado a los ciudadanos por transitar rutas que deberían ser de libre acceso, y lo más grave es que ese cobro se sostiene en un decreto de 1959, emitido en plena dictadura de Stroessner, que nunca fue aprobado por el Congreso. La Constitución de 1992 es clara: ningún tributo puede ser creado sin la intervención del poder legislativo. Sin embargo, los tickets de peaje siguen mencionando ese viejo decreto, como si tuviera fuerza de ley, cuando en realidad perdió validez hace más de treinta años.
Lo que ocurre es que se ha instalado la idea de que el peaje es una tasa legítima, cuando en realidad es un tributo disfrazado. Y al aceptarlo en silencio, los ciudadanos se convierten en cómplices involuntarios de su propio saqueo. El Ministerio de Obras Públicas y las empresas concesionarias, muchas de ellas extranjeras, han encontrado en este vacío legal un negocio multimillonario. Desde 2015, incluso se señala la participación de grupos empresariales españoles asociados con sectores políticos paraguayos, que han convertido las rutas en un negocio privado. Es indignante que mientras miles de paraguayos emigran para limpiar casas y cuidar ancianos en España, en su propia tierra se les cobre fortunas por usar caminos que deberían ser públicos.
La estafa es doble: por un lado, se viola la Constitución al sostener un tributo sin ley; por otro, se perpetúa un modelo de dependencia y expoliación que condena a los paraguayos a aceptar condiciones indignas. El argumento de que el dinero de los peajes se destina al mantenimiento vial es débil, porque el Estado ya recauda impuestos para ese fin. En realidad, se trata de un negocio que beneficia a unos pocos y que se sostiene gracias a la resignación de la mayoría.
El despertar ciudadano es urgente. No se trata de un simple reclamo económico, sino de defender la soberanía y la dignidad. Cada vez que alguien paga un peaje está validando un sistema inconstitucional. Por eso, quienes se niegan a pagar y exigen el libre tránsito no están cometiendo una falta, sino ejerciendo un derecho. Hay antecedentes de personas que, al plantear la inconstitucionalidad, fueron dejadas pasar sin pagar. Eso demuestra que la resistencia es posible y que el sistema no tiene un sustento sólido.
Aceptar este robo silencioso es aceptar que las rutas del país sean privatizadas por decreto, que la Constitución sea ignorada y que el pueblo siga siendo explotado. La pregunta es hasta cuándo se seguirá tolerando. El peaje no es un servicio, es un tributo ilegal. Y mientras no se lo enfrente con firmeza, seguirá siendo una de las formas más descaradas de saqueo institucionalizado en Paraguay.
