REDUCIDOR, POLICÍA Y OTROS CÓMPLICES
CIUDAD DEL ESTE. Los asaltos cometidos por delincuentes que se movilizan a bordo de motocicletas están a la orden del día y es el principal flagelo que atormenta a las fuerzas públicas de seguridad. Según los datos oficiales de la Policía Nacional, la mayoría de los comúnmente denominados motochorros son jóvenes de entre 15 y 25 años, muchos de ellos son adictos a las drogas. La Policía se muestra muy ineficiente ante estos malvivientes, y la ciudadanía está totalmente desprotegida por culpa de estos chorros, que no tienen problema alguno para matar o morir por un celular o un cien mil´í. La cuestión de esta crisis no es apenas del gobierno, que se le escapó de las manos esta tragedia y sí de los conocidos reducidores que pululan en casi todo el país, en donde inclusive la policía sabe que allí se compran teléfonos celulares robados y algunos de estos también adquieren a menor costo que hace de ellos y los reducidores cómplices de estos bandidos en biciclo.
En Ciudad del Este, principalmente en el shopping Jebai, vemos a muchos ciudadanos extranjeros, principalmente árabes y brasileños, negociando con los teléfonos robados por los motochorros. En algunos departamentos hacen todo tipo de transformaciones con los aparatos robados, flashean los teléfonos, apagan la memoria, cambian de chip, en fin, una sarta de irregularidades cometidos muchas veces con funcionarios desleales de las propias telefónicas como Personal, Tigo y Claro, que dan las claves para la descomposición de estos aparatos y dejarlos como nuevos, según nos comentó un reducidor quien nos reveló este esquema delincuencial que opera en CDE. Por lo que se ve, en nuestro país no se venden teléfonos nuevos, sino solamente teléfonos robados, una situación que no es solo de CDE, sino también en la capital del país donde abundan los motobandis. Es ahí donde la ciudadanía acusa a la Policía y a las autoridades, desde el presidente HC hasta el ministro del Interior Pancho de Vargas y el comandante Sotelo, que están más preocupados en sus negocios antes que en velar por la seguridad de los ciudadanos.
