NACIONALES (politiquería por Carlos Roa) Hoy, a las 11:00, la comisión que analiza el caso de Ciudad del Este emitirá un dictamen en mayoría a favor de la intervención. la comisión especial que analiza el caso de Ciudad del Este emitirá un dictamen sin haber hecho más diligencias. Solamente se convocó al intendente Miguel Prieto, quien ejerció su defensa, y al contralor Camilo Benítez, quien presentó los argumentos por los cuales pide la intervención.
La comisión está compuesta por nueve miembros. Cinco pertenecen al oficialismo colorado, entre ellos Aguilera, Miguel Del Puerto, Avelino Dávalos, Hugo Meza y Arturo Urbieta. Dos liberales, Pastor Vera y Cleto Giménez, son señalados por responder políticamente al senador Dionisio Amarilla, cercano al cartismo. El único integrante abiertamente opositor a la medida es Walter García, del mismo sector político que Prieto.
Solo se requiere mayoría simple —la mitad más uno de los presentes— para aprobar la intervención y suspender temporalmente a Prieto de su cargo. En ese caso, el Poder Ejecutivo deberá designar un interventor para gestionar la intendencia por un plazo de 60 días.
Los diputados no realizarán la verificación de las obras observadas por la Contraloría y tampoco convocarán a más referentes para contar con más informaciones sobre la administración de Prieto y las supuestas irregularidades denunciadas.
Sin embargo, el diputado cartista Alejandro Aguilera, quien preside la comisión, afirma que no es necesario hacer más diligencias.
“Nuestra función como comisión es ver si hay indicios relevantes que ameriten una intervención, no descubrir, investigar o resolver si hay hechos punibles”, aseguró.
Mencionó que esa tarea hará el interventor, si la Cámara Baja decidiese que se intervenga el municipio. También existe la alternativa de intervención por disposición del Poder Judicial. Para el diputado Walter García, “la suerte está echada” y aseveró que es “imposible dictaminar tan rápido sin por lo menos darles una lectura de todos los documentos entregados a la comisión”.
“¿Ustedes creen que leyeron todos los biblioratos?”, preguntó el diputado de Yo Creo, quien se muestra indignado ante la forma en que se apresura el estudio del pedido de intervención.
Cabe señalar que el contralor Camilo Benítez indicó que la administración de Prieto no presentó comprobantes legales que justifiquen el uso de G. 42.000 millones, provenientes de ingresos tributarios y no tributarios, en gastos de capital ni ejecución de obras o adquisiciones.
En el caso de la comisión de Asunción, Johanna Ortega indicó que desde este lunes se analizarán los documentos remitidos por el intendente y se solicitaron más expedientes sobre temas puntuales. “Hay una intención del oficialismo de dictaminar y estamos en una pelea porque es muy difícil realizar una revisión documental tan rápido”, manifestó.
