NACIONALES (realidad fatídica, por Steven Ross) En 2024, Hugo Daniel Domínguez Zaracho, un joven paraguayo de 21 años, ingresó con entusiasmo en la escuela de policía de Coronel Oviedo. Su sueño era claro: servir a la sociedad. Sin embargo, en algún punto de su proceso de formación —presuntamente durante entrenamientos intensos—, Hugo habría sido víctima de agresiones por parte de sus superiores, específicamente el instructor Almir Franco y el aspirante Andrés Silva, según denuncias de su familia. Estas acciones lo dejaron en estado vegetativo, diagnosticado con muerte cerebral.
Desde entonces, sus padres han denunciado la inacción y negligencia por parte de autoridades paraguayas. Alegan que, además de no haberse castigado a los responsables, tampoco han recibido el apoyo médico, psicológico ni económico necesario. Dado que el padre de Hugo es brasileño, acudieron a la frontera, en Ponta Porã (Brasil), y buscaron ayuda del vereador Marcelino Nunes de Oliveira. Hugo fue admitido para atenciones urgentes en el Hospital Regional de esa ciudad.
María Zaracho, su madre, expresó que su hijo “salió lleno de esperanza y volvió sin respuesta, inmóvil, abandonado por el mismo Estado que debía protegerlo”. La familia sobrevive con ayuda comunitaria y ha emprendido una fuerte campaña en redes sociales en busca de justicia, que ha resonado entre activistas y organizaciones de derechos humanos.
Frente a estas acusaciones, el Comandante de la Policía Nacional del Paraguay, Carlos Humberto Benítez González, negó que existiera abandono estatal. En entrevista con Radio Imperio el 6 de mayo de 2025, aseguró que desde un primer momento el caso recibió seguimiento institucional, especialmente por gestión del diputado Santiago Benítez.
El 3 de diciembre de 2024, mediante el Decreto N.º 2966 del Ministerio del Interior, se ascendió a Hugo, de forma póstuma, al rango de Suboficial Ayudante. Este reconocimiento le permitió a su familia recibir un salario mensual de 4.100.000 guaraníes desde enero de 2025. Según la versión oficial, este acto pretende ser un homenaje a su vocación de servicio, así como una forma concreta de apoyo económico para enfrentar su crítica situación.
Un caso, dos perspectivas
- Para la familia, el ascenso y el subsidio llegan tarde y no reemplazan ni la atención médica adecuada ni la sanción a los presuntos agresores. La percepción es de abandono e impunidad.
- Para las autoridades paraguayas, las acciones tomadas demuestran que el Estado sí ha acompañado a la familia y ha buscado reparar, en la medida de lo posible, los daños causados.
Esta historia, cruzada por el dolor, la burocracia y la lucha por justicia, sigue en desarrollo. Lo cierto es que, más allá de versiones, hay una familia rota que clama por verdad, atención y dignidad para su hijo.
