CIUDAD DEL ESTE (Corrupción por Carlos Roa) Una investigación y posterior denuncia que está realizando el Senador Salyn Buzarquis, es un hecho que se repite en todo el país, el tema de la mafia de tomógrafos, pero no solo este equipo, también las ecografías, resonancia magnética, densitometría e incluso algunos tan comunes y sencillos como lo es la radiografía, ecocardiograma, electrocardiograma. Todos estos estudios que se deben realizar con equipos especiales y sobre todo gente preparada dan lugar a una mafia en la que se benefician de forma cruel a costas de la salud de los ciudadanos.
El senador liberal Salyn Buzarquis amplió su denuncia contra la “mafia de los tomógrafos” al agregar ciertos cuestionamientos a tenerse en cuenta en la investigación. Buzarquis había presentado denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra una supuesta mafia de los tomógrafos.
El legislador decidió ampliar su denuncia y proponer diligencias conforme a ciertos criterios a considerar para poder avanzar la investigación penal.
En ese sentido, el senador plantea una serie de preguntas. En el caso de la identificación de los equipos médicos, plantea saber cuáles equipos en específico están fuera de servicio, hace cuánto tiempo, en qué hospitales y las determinadas ciudades.
Asimismo, requiere saber sobre el impacto que genera su falta en la atención médica y cuál fue la empresa proveedora, además de conocer qué estipulaban los contratos sobre el mantenimiento tan preventivo como correctivo.
“¿Quién era responsable del stock de repuestos y el soporte técnico? ¿Hubo incumplimiento? ¿Qué unidad o departamento del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social estaba encargado de velar por el mantenimiento de esos equipos? ¿Hubo alertas internas (informes técnicos, reclamos) sobre la falta de funcionamiento? ¿Hubo pedido de reparación que fueron ignorados?; son algunas de las consultas planteadas por el parlamentario.
Entre otras consultas, el senador cuestiona si se puede establecer negligencia administrativa, si existieron omisiones dolosas que podrían configurar un delito de lesión de confianza, daño al patrimonio público o incluso exposición de personas al peligro.
“De esta manera, respetuosamente, considero que el Ministerio Público debe investigar en base a la recopilación de datos: Revelar hospital por hospital la situación de cada equipo (formularios de verificación); fotografiar equipos fuera de servicio (como prueba); y solicitar informes técnicos oficiales que certifiquen el estado de los equipos”, señala Salyn.
De igual modo, solicitó al Ministerio de Salud averiguar acerca de los contratos de compra y mantenimiento y las copias de los registros de mantenimiento preventivo y correctivo de los últimos cinco años, al igual que la verificación de los contratos y si estos incluían garantías adecuadas y si se cumplió el cronograma de mantenimientos preventivos.
