NACIONALES (Realidad fatídica, por Redacción) En Paraguay, la desaparición de adolescentes se ha convertido en una tragedia recurrente, una sombra que se extiende sobre familias que claman por respuestas y justicia. En este momento, cuatro jóvenes están desaparecidos, sus nombres resuenan en la desesperación de sus seres queridos: Alexander Soler Rotela (17 años, Presidente Franco), Camila Arami Rojas Ozuna (16 años, Hernandarias), Isabella Mercedes Cardozo Alfonso (14 años, Asunción) y Marilín Ríos Duarte (17 años, Hernandarias). Pero no son los únicos. En lo que va del año, casi 300 niños y adolescentes han sido denunciados como desaparecidos, y la cifra sigue aumentando.
El protocolo de búsqueda de personas desaparecidas en Paraguay es un reflejo de la ineficiencia estatal. Aunque la Policía Nacional insiste en que la denuncia debe realizarse de inmediato, sin esperar 24 o 48 horas, la realidad es que la burocracia y la falta de coordinación entre instituciones convierten cada caso en una carrera contra el tiempo. La ausencia de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas impide un seguimiento adecuado, dejando a las familias en un limbo de incertidumbre y desesperación.
Cada minuto que pasa reduce las posibilidades de encontrar a los desaparecidos con vida. La inacción gubernamental ha sido evidente en múltiples casos, pero ninguno tan desgarrador como el de María Fernanda Benítez. A sus 17 años, fue obligada a abortar por su novio y su amiga, quienes luego la quemaron viva. Su padre, en un acto de amor y desesperación, hizo lo que el Ministerio Público nunca hizo: buscarla, exigir respuestas, clamar por justicia. Mientras tanto, las autoridades pidieron calma, como si la indignación de una sociedad harta de la impunidad fuera el problema.
El gobierno promete cuadruplicar esfuerzos, pero sus palabras son vacías. La realidad es que más de 800 personas han desaparecido en lo que va del año, y la mayoría de los casos quedan en el olvido. La espera, la burocracia, la indiferencia estatal son cómplices de cada desaparición. Las familias no deberían ser las únicas que buscan, que investigan, que ruegan por ayuda. Pero en Paraguay, la justicia es un espejismo, y la vida de los adolescentes parece no valer lo suficiente para que el Estado actúe con urgencia.
