CIUDAD DEL ESTE (locales) El viejo conflicto territorial entre Ciudad del Este y Presidente Franco volvió a encenderse este fin de semana, cuando la Municipalidad franqueña instaló una serie de carteles en barrios como Área 4, Fátima, San Roque y Santa Ana, señalando que esas zonas pertenecen a su jurisdicción. Los carteles, que citan la Ley 776/79 como base legal, generaron una inmediata reacción por parte de autoridades esteñas y vecinos que consideran el acto como un atropello institucional.
La respuesta no se hizo esperar. La Junta Municipal de Ciudad del Este emplazó oficialmente a la Municipalidad de Presidente Franco a retirar los carteles o justificar legalmente su colocación, solicitando además un informe completo sobre las atribuciones que respaldan esa acción. El argumento de CDE es claro: esa ley fue declarada inaplicable por la Corte Suprema en 2013, y existe una orden judicial de “no innovar” sobre las cuentas catastrales que protege la administración esteña sobre esos barrios.
Pero el episodio más polémico lo protagonizó el concejal de Ciudad del Este, Richard Alfonso, quien acudió personalmente a uno de los puntos y derribó uno de los carteles. Su acción fue grabada y difundida en redes sociales, generando tanto apoyo como críticas. Alfonso alegó que actuó en defensa de los vecinos, que le pidieron acompañamiento ante lo que consideraban una provocación. Según él, los carteles fueron colocados de forma ilegal y sin respaldo jurídico válido.
La Municipalidad de Presidente Franco, por su parte, anunció que denunciará al edil por vandalismo ante el Ministerio Público, sosteniendo que los carteles fueron instalados conforme a la legislación vigente y que su destrucción constituye un hecho punible. El intendente Roque Godoy calificó la acción como un “atropello institucional” y aseguró que no se quedarán de brazos cruzados.
Este nuevo capítulo del conflicto de límites, que lleva décadas sin resolverse, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de una delimitación clara, consensuada y jurídicamente sólida entre ambas ciudades. Mientras tanto, los vecinos quedan atrapados en medio de disputas políticas, legales y territoriales que afectan su cotidianidad y generan incertidumbre sobre a qué municipio pertenecen realmente.
