CAAZAPÁ (realidad fatídica, nacionales) La trágica muerte de M. M. R. D., la niña de 12 años brutalmente violada y asesinada en Isla Saka, Fulgencio Yegros, departamento de Caazapá, desató una ola de indignación y serios cuestionamientos hacia la justicia paraguaya. El principal sospechoso, Marcelo Giménez Duarte, tío de la víctima, había sido liberado bajo libertad condicional hace apenas unos meses, el pasado 30 de abril, a pesar de un historial de abuso sexual contra la misma niña y de, supuestamente, haber jurado venganza durante su anterior encarcelamiento.
Giménez, de 24 años, fue aprehendido nuevamente tras el horrendo hallazgo. Su liberación anterior había sido otorgada por el Juzgado de Ejecución de Caazapá. La decisión, plasmada en la Nota N° 416 y A.I. N° 79 de la misma fecha, fue dictada bajo la supervisión del Juez Penal Abg. Osmar Ariel Baeza y la Actuaria Judicial Abg. Celeste Godoy Irrazábal.
Las condiciones para su libertad condicional eran explícitas y buscaban “proteger” a la víctima: prohibición de salir del país, prohibición de portar armas de fuego, prohibición de consumir bebidas alcohólicas y, crucialmente, la prohibición de acercarse a la víctima. Sin embargo, la fatalidad de anoche demuestra que estas restricciones fueron brutalmente ignoradas o resultaron insuficientes para salvaguardar la vida de la niña. Es importante señalar que el aprehendido, mientras cumplía condena por el abuso anterior, habría manifestado su intención de vengarse, y aun así fue puesto en libertad.
Marcelo Giménez Duarte fue encarcelado en 2022 por abuso sexual en niños, siendo la misma M. M. R. D. la víctima de entonces. Su liberación tan solo tres meses antes del crimen actual generó un clamor social. ¿Cómo es posible que un individuo con antecedentes de esta magnitud, y con la misma víctima involucrada, haya sido puesto en libertad, y más aún, no se haya garantizado el cumplimiento de la prohibición de acercamiento, especialmente si existían amenazas previas?
La sociedad exige respuestas claras a los jueces y fiscales. Lo ocurrido hace pensar si realmente se están tomando las decisiones correctas al conceder libertades condicionales en casos tan graves, y si hay un control adecuado sobre quienes recuperan su libertad.
El Juez Penal Abg. Osmar Ariel Baeza y la Actuaria Judicial Abg. Celeste Godoy Irrazábal se encuentran ahora en el centro de las críticas, mientras la comunidad de Fulgencio Yegros y todo el país exigen un análisis exhaustivo de los protocolos y una rendición de cuentas por esta dolorosa pérdida, que podría haberse evitado.
