PIDEN PENA DE MUERTE PARA PAYO, KELEMBU Y JORGE BRITEZ
CIUDAD DEL ESTE. La situación en CDE está cada vez peor, a más de la situación de represión dictatorial impuesta por el clan ZI y sus acólitos, ahora los fiscales sumisos al puntero de los partidos ZacaríasVentaja llegaron al colmo en pretender aplicar una ley que habla de pena de muerte para los acusados de rebelarse contra este sistema corruptivo, los abogados Payo Cubas y Jorge Brítez, además del concejal Celso Miranda Kelembu, que hasta el momento son los únicos en rebelarse contra la opresión de estos sin – vergüenzas delincuentes de guantes blancos.
Los fiscales Analía Rodríguez de Ocampos, Elvio Aguilera y Manuel Rojas insisten en aplicar una ley que menciona la pena de muerte, para ampliar la imputación contra los mencionados. Los fiscales invocan la ley N° 323/55 de garantías de fueros, de la época de la dictadura, para ampliar la imputación contra Cubas, Brítez y “Kelembu”; específicamente en su artículo 2° que establece una pena de cinco años para los que “molestan” a fiscales. Esta ley también menciona en su artículo 3° la pena de muerte en caso de arresto o secuestro de funcionarios que gocen de fueros constitucionales, en plena flagrancia. Durante la promulgación de la referida normativa nuestra legislación prevía la pena de muerte como sanción, ahora bien y para los fiscales, jueces y punteros corruptos ¿cuál sería la sanción?. Actualmente, esa condena está proscripta y la protección de la vida está garantizada desde la concepción, según el artículo 4° de la Constitución Nacional de 1992, sin embargo, estos leales al clan ZI quieren aplicar la pena de muerte para los que se atreven a cuestionar sus actuaciones.
Pero esto no es algo nuevo; la pena de muerte en Paraguay se viene aplicando hace décadas contra estudiantes, obreros, campesinos, pensadores, luchadores sociales y contra cualquiera que enfrente al sistema que oprime al pueblo. Solo falta que se transforme en ley, como ahora pretenden estos impresentables y corruptos agentes fiscales. Para el golpe contra un gobierno democrático se fusiló a 11 campesinos y 6 policías, con este gobierno fueron fusilados en una ocasión 8 militares. Sigue la lista con muchos civiles, periodistas y policías asesinados por un narcoestado complaciente con el crimen. Incluso el propietario de este medio, Carlos Esteban Roa, ha recibido muchas amenazas, saliendo la última de la boca del asesor presidencial J.O., según fuentes fidedignas. Estos opresores no le temen a un cinto y mucho menos a una cagada, solo temen a un pueblo consciente, organizado y combativo, que le dé un basta a los abusos cometidos por el narcopresidente y sus asesores, fiscales, jueces, ministros y otros secuaces.
