NACIONALES (realidad fatídica) En nuestro país, ser diferente sigue siendo motivo de castigo. Lo vemos en las calles, en las escuelas, en los barrios. Lo vemos en los cuerpos heridos de niños y adolescentes que viven con autismo, discapacidad intelectual u otras condiciones, y que en lugar de recibir comprensión, son empujados al margen por la ignorancia y la crueldad.
Hace poco, en San Juan del Paraná, un adolescente con autismo fue atado y golpeado por vecinos que lo acusaban de haber entrado sin permiso a una propiedad. No hubo diálogo, no hubo contención. Solo violencia. En otro caso que estremeció a todos, un menor con autismo salió de su casa de madrugada. Su madre, desesperada, pidió ayuda en redes sociales, explicando que su hijo no entendía la maldad de la gente. Horas después, fue encontrado sin vida. La tragedia dejó al descubierto lo vulnerables que son estos niños y lo poco preparados que estamos para protegerlos.
En Presidente Franco, se denunció que a otro adolescente con autismo le pegaron brutalmente y le rompieron los dientes. La agresión ocurrió en el entorno escolar, donde se supone que debería estar seguro. Pero en muchas instituciones educativas, la inclusión es solo una palabra bonita en los documentos. No hay formación docente, no hay protocolos, no hay empatía. Lo mismo ocurrió en Ciudad del Este, en la escuela del Área 4, donde padres denunciaron que una profesora maltrataba a niños con discapacidad. Gritos, humillaciones, castigos injustos. Y como suele pasar, las denuncias se diluyen en la burocracia, mientras el daño sigue.
Estos casos no son aislados. Son síntomas de una sociedad que no quiere entender, que no se toma el tiempo de aprender, que sigue viendo la diferencia como amenaza. La ley que protege a personas con TEA existe, pero su aplicación es débil. No basta con rampas ni aulas separadas. La inclusión real empieza por el respeto, por la formación, por el compromiso de cada adulto que rodea a estos niños.
Callamos demasiado. Callamos cuando un niño con autismo es golpeado por sus compañeros. Callamos cuando una docente humilla a un alumno por no “portarse como los demás”. Callamos cuando una madre pide ayuda para encontrar a su hijo y nadie sabe cómo actuar. Y cada vez que callamos, estamos fallando.
La deuda que tenemos con nuestros niños más vulnerables no es solo institucional. Es moral. Es urgente. Y no se paga con discursos: se paga con acciones concretas, con cambios reales, con una sociedad que decida, de una vez por todas, dejar de castigar la diferencia y empezar a abrazarla.
