NACIONALES (realidad Fatídica por Esteban Ross) Con profundo dolor, la comunidad de Yaguarón despide a un joven lleno de vida y futuro. Eduardo Javier Sánchez Martínez, un estudiante de apenas 22 años, ha fallecido. Su partida no es solo una tragedia inmerecida, sino el resultado directo de una cadena espantosa de desidia, inoperancia y abandono institucional por parte del sistema de salud pública en Paraguay.
El calvario de Eduardo comenzó el pasado jueves 20 de agosto, alrededor de las 11:20 de la mañana, cuando sufrió un accidente al impactar contra la parte trasera de un camión en el kilómetro 54 de la ruta PY01.
Auxiliado de emergencia por la Policía Nacional, fue llevado inicialmente al Hospital Básico de Yaguarón. Dada la gravedad de sus heridas —incluyendo una probable fractura en el muslo y sospechas de golpes internos—, los médicos de guardia ordenaron su derivación urgente al Hospital Regional de Paraguarí para una atención especializada.
¿Y qué hizo el personal de salud en Paraguarí? Lo imperdonable. Tras tenerlo en observación unas pocas horas, decidieron otorgarle el alta médica, recetándole un simple reposo y mandándolo de regreso a su casa como si tuviera un simple rasguño, ignorando por completo el riesgo mortal que corría.
En su hogar, el joven sufrió dolores insoportables y múltiples desmayos ante la desesperación impotente de su familia. Cuando finalmente lo volvieron a llevar de urgencia al Hospital Básico de Yaguarón, ya era demasiado tarde para corregir a tiempo la negligencia previa: de allí fue derivado de urgencia al Hospital Nacional de Itauguá, donde su cuerpo, castigado por la mala praxis, no resistió y se produjo su lamentable fallecimiento.
¿Hasta cuándo el Estado matará por omisión?
Esto no es un simple error médico; es una negligencia criminal avalada por la desidia estatal.
Es indignante, rabioso y desgarrador ver cómo la vida de los jóvenes humildes del interior del país no vale nada para las autoridades. Mientras los hospitales públicos carecen de insumos, de empatía y, sobre todo, de profesionales competentes que sepan leer una urgencia real, las familias trabajadoras quedan a merced de la lotería de la muerte en pasillos oscuros e ineficientes.
¿Cuántas vidas más se tienen que apagar para que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social deje de encubrir la incompetencia? Mandar a su casa a un paciente con fracturas y traumatismos internos con la excusa de un «reposo de quince días» es una sentencia de muerte firmada por médicos indolentes.
Exigimos una investigación implacable, castigo ejemplar y cárcel para los responsables de este abandono criminal en el Hospital Regional de Paraguarí. No podemos permitir que la muerte de Eduardo Javier quede impune en la larga lista de crímenes silenciosos de nuestro sistema de salud.
Descansa en paz, querido Eduardo. Su memoria y la lucha de su familia exigen justicia.
