NACIONALES (Corrupción por Esteban Ross) La ciudadanía paraguaya vuelve a manifestar un profundo rechazo e indignación ante la administración del Congreso Nacional, una institución salpicada históricamente por el nepotismo, el despilfarro de recursos públicos y los privilegios desmedidos. En esta oportunidad, el foco de la crítica social y de la justicia recae sobre el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, contra quien el Ministerio Público ha abierto una investigación penal formal para determinar su responsabilidad en supuestos hechos de lesión de confianza, tráfico de influencias y cobro indebido de honorarios.
La causa se encuentra bajo la conducción del fiscal anticorrupción Néstor Coronel, a partir de una denuncia presentada por el funcionario Francisco Rubén Panyo Almada. La indignación ciudadana se fundamenta en la enorme brecha entre la realidad de la población y los millonarios beneficios asignados a la clase política. Según la denuncia, Núñez habría percibido pagos mensuales de G. 21.100.950 únicamente en concepto de bonificaciones, suma que se añade a su dieta parlamentaria ordinaria. Este cobro extra genera un severo cuestionamiento ético y legal sobre el uso de los fondos del Estado.
A la controversia por los ingresos se suma la sobrepoblación de la nómina parlamentaria, una de las prácticas más repudiadas por la sociedad. Los documentos revelan un preocupante incremento en la cantidad de funcionarios, pasando de 2.014 a 2.273 empleados en el periodo comprendido entre mayo de 2024 y abril de 2026. Asimismo, la revisión de los registros permitió identificar a 593 personas que no figuraban previamente en las planillas oficiales, lo que alimenta las sospechas de contrataciones irregulares, ubicación de operadores políticos y nombramientos sin sustento técnico.
Entre los principales defectos atribuidos a la figura política de Basilio Núñez —y que motivan el constante descontento social— se encuentran la prepotencia en la gestión parlamentaria, la defensa de privilegios corporativos, el padrinazgo político y la falta de transparencia en la administración de los recursos legislativos. Para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, la Fiscalía ya cuenta con los informes elaborados por la Contraloría General de la República y ha requerido la documentación oficial correspondiente al Ministerio de Economía y Finanzas.
