NACIONALES (Politiquería por Charly Friendz) Según publicaciones periodísticas y denuncias presentadas ante el Ministerio Público a lo largo de las últimas décadas, la carrera política de José Alberto Alderete estuvo acompañada de graves cuestionamientos que nunca derivaron en una condena judicial. De acuerdo con reportes de ABC Color, sus primeros antecedentes de controversia se remontan a su gestión como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos. En ese período, la Fiscalía abrió pesquisas en 2003 y 2006 por supuestos hechos de corrupción y sobrecostos en obras viales, aunque ambos expedientes terminaron archivados rápidamente. Asimismo, crónicas vinculadas a la investigación internacional de los «cuadernos K» señalaron que, como titular del MOPC, impulsó la entrega de contratos en Yacyretá a constructoras argentinas cuyos directivos confesaron posteriormente el pago de sobornos en su país, acusaciones que Alderete rechazó defendiendo la legalidad de las adjudicaciones.
Otro foco central de denuncias públicas documentadas por la prensa giró en torno al supuesto crecimiento injustificado de su patrimonio personal. Según investigaciones periodísticas de ABC Color, en 2008 —año en que dejó la presidencia de la ANR tras la derrota electoral frente a Fernando Lugo— se constituyó la firma Espartillar S.A. con un capital de 5.000 millones de guaraníes, adquiriendo al contado 5.970 hectáreas en Mariscal Estigarribia, Chaco, por 7.440 millones de guaraníes para montar la estancia ganadera Alfa con pista de aviación incluida. Estos movimientos derivaron en denuncias formales por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero ante la Fiscalía y la Contraloría General de la República. Sin embargo, las causas quedaron congeladas sin avances procesales durante años, mientras su entorno atribuyó reiteradamente los señalamientos a maniobras de persecución política.
Su regreso a la primera línea de poder en 2018 como director general paraguayo de la Itaipú Binacional, tras haber sido jefe de campaña de Mario Abdo Benítez, desembocó en una de las crisis institucionales más severas de ese gobierno. En julio de 2019, tras revelarse la firma de un acta bilateral secreta con Brasil sobre la contratación de potencia energética, sectores políticos, técnicos y ciudadanos acusaron a las autoridades involucradas de entregar la soberanía energética y causar un perjuicio multimillonario al Estado paraguayo. Ante el escándalo que puso al Ejecutivo al borde del juicio político, Alderete presentó su renuncia y fue denunciado penalmente por presunta lesión de confianza y traición a la Patria, expediente que tampoco prosperó en los tribunales.
Pese a ese historial de denuncias archivadas, en agosto de 2023 volvió al círculo más estrecho del poder como asesor político ad honórem del presidente Santiago Peña. Su salida definitiva del Ejecutivo se produjo recién el 6 de noviembre de 2026, cuando presentó su dimisión en medio de la crisis desatada por el escándalo financiero de Ueno Bank que culminó con el juicio político y la destitución del mandatario. Según reportó ABC Color, la caída del entorno presidencial alcanzó de lleno a los vínculos familiares de Alderete, ya que su yerno, Joshua Abreu —exsuperintendente de Valores y director titular de Ueno Casa de Bolsa—, quedó bajo escrutinio tras la suspensión preventiva de dicha firma bursátil por parte de la Bolsa de Valores de Asunción en el marco de las investigaciones sobre el grupo financiero.

