JUSTICIA A MEDIAS O BLINDAJE POLÍTICO ??

CUATRO DÍAS DE VENTAJA PARA EL PODER Y UN GOLPE MORTAL A LA JUSTICIA PARAGUAYA

 

NACIONALES (Corrupción, por Esteban ross) Las versiones que circulan en el ámbito judicial y político desnudan una trama institucional que, de confirmarse, excedería por completo cualquier tecnicismo y golpearía directamente la línea de flotación de nuestro Estado de derecho. Según las fuentes vinculadas al caso, el juez penal de garantías Rodrigo Estigarribia habría firmado el jueves 5 de noviembre la orden para allanar las oficinas de Ueno Bank, una medida urgente pensada para asegurar elementos clave dentro de una investigación en curso. Sin embargo, aseveraron las fuentes, el operativo fiscal recién se habría ejecutado cuatro días después, tras una insólita parálisis atribuida directamente al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. En el ámbito penal, cuatro días no son un simple retraso administrativo, sino una eternidad que desnaturalizaría el factor sorpresa indispensable en toda pesquisa financiera compleja.

De acuerdo con lo que trascendió desde las mismas fuentes, lo que se encuentra bajo la lupa no es un expediente menor, sino el resguardo de pruebas documentales y digitales vinculadas a movimientos financieros de alto impacto público. Según indicaron los informantes, al haberse frenado supuestamente el ingreso inmediato de los investigadores a la entidad bancaria, el perjuicio potencial recaería sobre la integridad misma de la cadena de custodia y la posibilidad de reconstruir la verdad real de los hechos. Cuando una diligencia autorizada por un magistrado queda congelada en los despachos superiores del Ministerio Público, según advierten analistas del sector, el mensaje que recibe nuestra sociedad es devastador porque la celeridad de la ley parecería depender del peso económico o político de los investigados.

Frente a este escenario de gravedad institucional, la diputada Rocío Vallejo colocó el dedo en la llaga al sostener que esta presunta injerencia constituiría causal suficiente para impulsar un juicio político contra Rolón. Según expresó la legisladora en sus cuestionamientos públicos, la titularidad de la Fiscalía General existe para garantizar la autonomía de los agentes fiscales y evitar interferencias externas, no para actuar como un dique de contención ante procedimientos debidamente fundados. De corroborarse lo denunciado por las fuentes sobre una supuesta dilación jerárquica frente a un actor financiero de semejante envergadura, el daño no sería solo procesal, sino profundamente democrático, ya que la sospecha de blindaje destruye la credibilidad del sistema de justicia ante la ciudadanía.

En nuestra redacción consideramos indispensable mantener la prudencia jurídica de no dictar condenas anticipadas, pero la prudencia jamás puede confundirse con el silencio frente a señalamientos de semejante calibre. Lo que está en juego aquí es la confianza en el sistema financiero, la transparencia en el manejo del dinero de la gente y la igualdad de todos los habitantes ante los estrados judiciales. Como bien remarcan las fuentes que exigen claridad, Emiliano Rolón tiene la obligación moral y constitucional de exhibir los respaldos documentales que expliquen qué ocurrió realmente en esos cuatro días, sometiéndose sin excusas al escrutinio público. En un país donde la impunidad suele vestirse de burocracia, permitir que queden dudas sobre quién dicta los tiempos de la Fiscalía sería firmar el acta de defunción de nuestra República.

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
× ¿Cómo puedo ayudarte?