CIUDAD DEL ESTE (Nacionales por Esteban Ross) El origen de este enorme escándalo institucional se remonta al momento en que Hernán Rivas fue designado representante de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados durante el año 2020. Para lograr y mantener dicho cargo, el entonces legislador respaldó su perfil utilizando un certificado de grado supuestamente emitido por la Universidad Sudamericana y consiguió matricularse formalmente ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la investigación encabezada por las fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero determinó que dicho documento habría sido fabricado de forma ilícita. Los investigadores lograron revelar datos contundentes: Rivas jamás habría cursado la carrera de Derecho; de hecho, los treinta compañeros que figuran como egresados de esa promoción en la sede de Luque aseguraron no haberlo visto nunca en un aula o pasillo de la facultad. A esto se sumaron inconsistencias insalvables, como firmas de supuestos decanos que ni siquiera figuraban en los registros oficiales del Ministerio de Educación y Ciencias en la época señalada.
Actualmente, el complejo proceso judicial ha entrado en una de sus etapas más críticas y decisivas con la convocatoria para el juicio oral y público, ante el Tribunal de Sentencia. Se espera que a lo largo de este esperado debate probatorio, el Ministerio Público —que fue reforzado recientemente por el agente anticorrupción Christian Benítez— exponga detalladamente cómo se estructuró la falsificación de los documentos que habilitaron a Rivas. La estrategia de la defensa, que hoy se encuentra bajo el mando de nuevos profesionales del derecho tras polémicas renuncias previas diseñadas para postergar el inicio, presumiblemente continuará enfocada en cuestionar la solidez de las evidencias y buscar incidentes para ganar tiempo. Este estira y afloja en tribunales mantendrá a la opinión pública al borde de la expectativa, aguardando que los jueces a cargo, presididos por María Fernanda García de Zúñiga, logren encaminar el proceso sin permitir dilataciones injustificadas.
Al analizar los probables resultados que podrían derivar de este juicio, resulta evidente que las consecuencias impactarán gravemente tanto en el espectro político como en el sistema judicial del país. De confirmarse la culpabilidad del acusado, este se enfrentaría a severas sanciones penales por producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso, lo que anularía cualquier aspiración de retornar a las altas esferas del poder. Además, un fallo condenatorio de esta magnitud sentaría un valioso precedente contra las prácticas irregulares de la clase política, demostrando que nadie es intocable y que no se puede usurpar el rol de «juez de jueces». En contrapartida, si la causa llega a extinguirse por chicanas procesales
