NACIONALES (Realidades por Redacción) En este país, el enriquecimiento ilícito se convirtió en el deporte preferido de muchos políticos y autoridades, y la chicana judicial es el escudo perfecto para que ninguno termine pagando en la cárcel. La jugada siempre es la misma: entran a la función pública con lo justo y, en un abrir y cerrar de ojos, aparecen con estancias, autos de alta gama, empresas familiares y miles de millones de guaraníes en sus cuentas que no tienen forma de justificar con su sueldo. Cuando la Fiscalía o los medios los descubren y los imputan, en lugar de explicar de dónde sacaron la plata, activan el manual de la chicana: cambian de abogado el día de la audiencia, inventan reposos médicos, recusan a los jueces y presentan recurso tras recurso para que la causa quede congelada por años.
Un caso que da indignación por donde se lo mire es el del exfiscal general Javier Díaz Verón. Se supone que el tipo tenía que perseguir a los delincuentes, pero terminó investigado por un descalce de más de diez mil millones de guaraníes en su patrimonio personal. Hoy, tras casi una década de idas y vueltas, su proceso sigue trabado a pura maniobra legal porque sabe perfectamente cómo usar los agujeros del sistema a su favor. Lo mismo ocurrió con Rodolfo Friedmann hijo, cuya fortuna dio un salto gigantesco en la época del escandaloso negocio de la merienda escolar; un esquema de compras y licitaciones millonarias que le sirvió para darse una vida de lujo mientras sus procesos penales avanzan a paso de tortuga por la interminable suspensión de audiencias.
A esta misma lista de aumentos patrimoniales bajo la lupa se suma Carlos Giménez, el ministro de Agricultura y Ganadería, salpicado por denuncias tras saltar de intendente a gobernador y luego al Ministerio acumulando un incremento de fortuna de más del 150 % y manejando millonarios desembolsos a organizaciones dudosas mientras sus expedientes de denuncia se arrastran sin giros decisivos. Igualmente encaja Elio Cabral, quien desde sus épocas en la Aduana fue sumando inconsistencias financieras y sanciones para luego refugiarse como diputado y mantener a su entorno familiar prendido a las licitaciones con el Estado. Y la rueda sigue con nombres como Miguel Cuevas y tantas otras figuras que multiplicaron sus bienes sin poder demostrar el origen de esos fondos, confiados en que con diez o quince suspensiones de juicio van a lograr que sus delitos prescriban.
Lo más grave de todo esto no es solo que la plata que falta en las escuelas y en los hospitales terminó en los bolsillos de unos pocos, sino la impotencia de ver cómo la justicia se deja pisotear. La chicana dejó de ser un derecho de defensa para transformarse en un negocio de impunidad hecho a la medida de los poderosos. Mientras los jueces no impongan sanciones duras a los abogados que traban los juicios y no se exija devolver hasta el último guaraní que no puedan justificar, el enriquecimiento ilícito va a seguir siendo el negocio más rentable de la política.
