CIUDAD DEL ESTE (Nacionales por Charly Friendz) El tablero político y energético del país se sacudió por completo tras la salida de Félix Sosa de la presidencia de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Lejos de tratarse de una simple modificación administrativa rutinaria, la asunción de Miguel Báez Reyes al frente de la institución estatal destapó una feroz caja de Pandora. Mientras el diputado opositor Raúl Benítez advierte públicamente sobre la puesta en marcha de un presunto y acelerado «plan de entrega» de la energía nacional a bajo costo para corporaciones amigas del Ejecutivo, en las calles y pasillos políticos circula otra versión igual de picante: a Sosa pareció importarle muy poco dejar el cargo de presidente que ostentaba desde el 2020, principalmente porque los rumores sugieren que ya no tendría dónde guardar semejantes sumas de dinero tras los años de millonaria bonanza bajo su administración.
La alarma opositora se encendió con justa causa tras detectarse que, a menos de 24 horas de haber asumido el nuevo titular, el Gobierno ya solicitó de urgencia un informe técnico detallado sobre la disponibilidad de potencia y los excedentes energéticos del país. Estos datos están claramente orientados a satisfacer la demanda de proyectos de altísimo consumo eléctrico, tales como centros de procesamiento de datos (data centers) y granjas de inteligencia artificial. Para los críticos, el vaciamiento de la soberanía energética se ejecuta a espaldas de la ciudadanía mientras se benefician de forma exprés a determinados sectores corporativos.
Sin embargo, el descontento popular no solo apunta a los grandes negociados tecnodigitales, sino también a los supuestos privilegios de tinte familiar que salpican directamente la gestión de Sosa. En Ciudad del Este, la indignación popular corre con fuerza por los pasillos a raíz de los persistentes rumores sobre el conocido colegio «Gimnasio del Saber» —institución vinculada estrechamente a su esposa y a su suegra—.
De acuerdo con las fuertes murmuraciones que circulan en la capital del Alto Paraná, dicho establecimiento educativo cuenta con una imponente infraestructura edilicia de gran envergadura, pero abona una suma llamativamente irrisoria en su factura de consumo de energía eléctrica mes a mes. Para la ciudadanía indignada, este llamativo contraste no hace más que reflejar los privilegios de casta y el manejo discrecional de los recursos públicos, coronando una salida del poder que deja sabor a impunidad y sospechas generalizadas sobre el verdadero destino de la riqueza energética del Paraguay.
El dato más llamativo de este informe requerido por el Ejecutivo es que apunta a orientar dichos recursos hacia proyectos de gran envergadura y altísimo consumo eléctrico, tales como centros de procesamiento de datos (data centers), empresas dedicadas a la inteligencia artificial, computación avanzada y otros servicios digitales intensivos. De esta manera, la oposición sostiene que los excedentes energéticos del país están siendo redirigidos para satisfacer las demandas de corporaciones tecnológicas a espaldas del bienestar ciudadano, consolidando un conflicto que promete seguir escalando en el debate político nacional.
