NACIONALES (enviado especial) El Gral. del Aire, Arturo González, excomandante de la Fuerza Aérea, fue detenido este martes durante el operativo Dakovo por su aparente implicancia en el tráfico de armas.
Tras más de un año de investigación conjunta entre la SENAD y el Ministerio Público, la Policía Federal y la Seal of the United States Department of Homland Security, en la fecha se dio inicio a una operación que apunta a la desarticulación de un gran esquema de tráfico internacional de armas de procedencia europea a Paraguay y posteriormente a las facciones criminales más peligrosas del Brasil.
Uno de los detenidos fue el Gral. del Aire, Arturo González, cuya vivienda fue allanada en la fecha. El mismo estaría vinculado con el dueño de la empresa IAS, Diego Dirisio, quien sería el líder del esquema delictivo junto con su pareja Julieta Nardi.
En esta vivienda allanada fue encontrada una importante cantidad de dinero, según informaron los intervinientes.
Varios militares, algunos de alto rango, forman parte de la lista de personas a detenidas. En Asunción cayeron al exdirector del Registro Nacional de Armas de DIMABEL, Coronel Bienvenido Fretes (actualmente en otras funciones en la propia institución), Mercedes Ocampos, Eliane Marengo, Manuel Antonio Gómez, Paulo Fines Ventura, Ricardo Morra y Josefina Cuevas. En Ciudad del Este fueron detenidos Arnaldo Cubas, Angel Flecha, Aldo Cantero y Julio Cubas.
La investigación, en un periodo de dos años, logró determinar la activa participación de los uniformados en la autorización irregular para la importación de armas, alteraciones documentales para ajustar a la Ley de armas así como autorizaciones para las ventas irregulares a cambio de grandes sumas de dinero por parte de la empresa en cuestión, entre otras maniobras.
Según la investigación, mediante sus conexiones con DIMABEL, la empresa de Dirisio tenía facilidades para importar armas procedentes de Croacia, Eslovenia y República Checa. Las mismas recibían rápidas autorizaciones para la importación y posterior venta.
Seguidamente los lotes de armamentos eran adquiridos por intermediarios con conexiones directas con facciones criminales en todo el Brasil. Para justificar las supuestas transacciones se simulaban pequeñas ventas de 2 a 3 armas a personas que no tenían capacidad financiera, muchos de ellos empleadas, jornaleros o estudiantes. En algunos caso éstos recibían pequeñas sumas de dinero por acceder a la maniobra, y en otros eran utilizadas sus identidades sin consentimiento.
Previo al envío al Brasil se procedía al borrado de los números de serie de las armas para evitar el rastreo y trazabilidad. Desde el año 2012, dicha empresa ya importó 25.000 armas que supuestamente fueron vendidos en nuestro país, sin embargo van a parar a los polos de violencia del crimen organizado en Brasil y toda la frontera.