SANTA ROSA DEL MONDAY (Denuncia ciudadana por Enviado especial)En el complejo tablero legal por las tierras y la herencia de la familia Schueroff, las recientes decisiones dictadas desde los estrados judiciales pasaron a convertirse en el foco principal de la controversia. De acuerdo con los documentos oficiales presentados por María Celestina Acosta Araujo, la contraparte encabezada por su suegro Gustavo Schueroff —impulsada por su cuñada Roseli Schueroff— promovió un juicio por interdicto de retener la posesión sobre ciento cincuenta y siete hectáreas de tierras agrícolas ubicadas en la localidad de Santa Lucía, distrito de Santa Rosa del Monday. El trámite derivó en la emisión del Auto Interlocutorio número seiscientos setenta y el Oficio Judicial número seiscientos ochenta, a través de los cuales se dispuso una drástica medida cautelar de prohibición de innovar. Esta resolución prohibió de forma tajante que Rosemar Schueroff o su esposa ingresen, trabajen la tierra o utilicen maquinarias en el terreno, dejando la explotación en manos exclusivas de la contraparte. La orden cayó en el momento más crítico: justo cuando la familia estaba en plena fase de cosecha de trigo, dejándolos bloqueados operativamente y ante el riesgo inminente de perder años de trabajo e inversión económica.
Jueza Cynthia Rossanna Pineda Morel
Más allá del golpe financiero, lo que encendió las alarmas jurídicas es la evidente irregularidad en la competencia territorial donde se tramitó el expediente. La medida fue firmada por la jueza Cynthia Rossanna Pineda Morel, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Segundo Turno de la ciudad de Presidente Franco. Dado que los inmuebles y las viviendas de las familias están radicados geográficamente en el distrito de Santa Rosa del Monday, la causa debió gestionarse ante el juzgado de esa demarcación (Santa Rosa o Iruña) y no ante un tribunal foráneo. La actuación de la magistrada Pineda Morel cobra un matiz aún más grave al considerar sus antecedentes públicos, ya que acumula denuncias formales ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y reproches mediáticos por firmar medidas cautelares cuestionadas en litigios comerciales y por asumir atribuciones en disputas de tierras fuera de su jurisdicción territorial.
Abogada Francys Irma Cáceres Benítez, contratada por la contraparte
A esta cuestionada actuación judicial se suma la participación estratégica de la abogada Francys Irma Cáceres Benítez, contratada por la contraparte. En el ámbito agroindustrial del Este del país, la mención de una profesional vinculada al entorno corporativo del Grupo Favero no es un detalle menor. Aunque la firma figura dentro del caso únicamente como arrendataria de parcelas, la presencia de una letrada de dicho perfil evidencia la intervención de un equipo legal con elevado poder económico y de influencias. En las disputas del sector agrario paraguayo es una constante conocida: grandes grupos o bufetes influyentes suelen inclinar la balanza en juzgados permeables para imponer medidas cautelares exprés, frenar cosechas de pequeños productores y asegurar el control de la zafra a su favor.
Esta combinación de resoluciones fuera de jurisdicción, abogadas influyentes y el despliegue de la Policía Nacional ha dejado a la familia en una situación de total peligro e indefensión. El documento judicial ordenó explícitamente el resguardo policial y el uso de la fuerza pública para impedir que Rosemar o su esposa cosechen o pisen la propiedad, lo que ha generado un clima de constante amedrentamiento en los alrededores de su propia vivienda. Ante el temor fundado por su integridad física y la de sus tres hijos menores de edad, María Celestina clama por el respaldo de las instituciones nacionales: “Solo queremos justicia y que se respete la ley”, manifestaron los afectados, exigiendo que la Corte Suprema y los órganos de control auditen de inmediato lo actuado por la jueza de Presidente Franco antes de que este conflicto derive en una tragedia irreparable.
Roseli Schueroff
