CIUDAD DEL ESTE (realidad fatídica, por Carlos Roa) Mientras el pueblo sobrevive con ollas populares, unos pocos delincuentes siguen sometiendo a la justicia con chicanas. La misma justicia y los mismos procesados son mantenidos con salarios que pagaron y siguen pagando el pueblo que hace ollas populares. Solo en Paraguay pasa esto. Recordemos que la causa contra el senador Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra McLeod quedó paralizada hasta que la Corte Suprema se expida con respecto a la excepción de inconstitucionalidad promovida por la defensa de los encausados. Esto, luego de que el Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala, declarara inadmisible por errores formales el recurso promovido por los agentes fiscales Darío Arzamendia, Francisco Cabrera y Rodrigo Estigarribia.
En la causa, el abogado Ricardo Preda había planteado una excepción de inconstitucionalidad contra la calificación penal que le dio la Fiscalía en su acusación contra el senador y la ex intendenta de Ciudad del Este. Sin embargo, el juez Gustavo Amarilla, el 31 de enero pasado, fijó la fecha de la audiencia preliminar para febrero pasado en el caso por supuesta declaración falsa. Contra esta resolución, la defensa planteó un recurso de reposición y apelación en subsidio con el argumento de que no se podía hacer la preliminar hasta que la Corte se expidiera. El juez de Garantías Julián López, que interinó a su colega Amarilla, admitió el recurso de la defensa.
Dispuso que no se podía hacer la audiencia preliminar (donde se podría elevar el caso a juicio oral) hasta que la Sala Constitucional del Máximo Tribunal resolviera lo que planteó la defensa. La resolución fue dictada el 14 de febrero pasado, por auto interlocutorio N° 59. Fue contra este fallo que los agentes fiscales plantearon recurso de apelación general.
Los camaristas Gustavo Santander, Gustavo Ocampos y Carlos Ortiz Barrios estudiaron la apelación de la Fiscalía en contra de la citada resolución. Señalan que el artículo 460 del Código Procesal Penal refiere que la resolución que se dicte en el recurso de reposición causará ejecutoria, a menos que este haya sido interpuesto con apelación en subsidio. Con ello, apuntan que de lo que dice la normativa, como se hizo lugar al recurso, no se puede apelar la resolución, por lo que se debe declarar inadmisible el recurso que promovieron los agentes del Ministerio Público.
Así, ratificaron el fallo del juez López que dispuso que la causa quedará parada hasta que la Corte se expida sobre la excepción de inconstitucionalidad. En la causa, tanto Javier Zacarías Irún como su esposa, Sandra McLeod, fueron acusados por supuesta declaración falsa en su declaración jurada ante la Contraloría. La acusación del Ministerio Público sostiene que Zacarías y McLeod poseen bienes por valor de alrededor de USD 3,2 millones. No obstante, sus declaraciones contienen datos que no se ajustan a la realidad.
El senador Javier Zacarías Irún y su esposa tienen varios casos parados. Así, la reapertura de la investigación por enriquecimiento ilícito fue rechazada en primera y segunda instancia en el Alto Paraná. Este caso había sido investigado en Asunción, pero fue remitido al Este, lo que fue ratificado incluso por la Corte.
Asimismo, existe otra causa por supuesta lesión de confianza donde fueron acusados por el Ministerio Público por un supuesto desvío de fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este. Hay que señalar que la Cámara de Diputados en febrero del 2019 había destituido a McLeod.
