CIUDAD DEL ESTE (Reflexión por Charly Friendz) Pocas ideas generan tanta incomodidad como la que sostiene que el Estado no surgió para amparar a todos por igual, sino para ordenar y proteger los privilegios de una minoría a costa de la mayoría. Desde esa perspectiva crítica, la ley no es un árbitro neutral ni un reflejo automático de la justicia, sino una herramienta moldeada por quienes concentran el poder económico, político y jurídico para conservar su posición.
Quienes defienden este enfoque señalan que las normas, los esquemas impositivos y los mecanismos de deuda suelen estar construidos de manera asimétrica: mientras una gran parte de la población sostiene la actividad cotidiana con su trabajo, su esfuerzo y su consumo, un grupo reducido concentra la capacidad de administrar, regular y acumular recursos. En esa dinámica, el peso de sostener el sistema recae casi siempre sobre los mismos, mientras las decisiones de fondo se toman lejos de quienes sufren sus consecuencias.
A ese desequilibrio se suma lo que esta mirada describe como una doble vara en la aplicación de la ley. Cuando los sectores mayoritarios reclaman por condiciones de vida o piden respuestas básicas, el malestar tiende a ser desoído o minimizado; cuando la protesta escala, las mismas herramientas legales pueden volverse en contra de quienes reclaman; y cuando la necesidad es urgente, la respuesta institucional suele llegar tarde o no llegar. Para quienes sostienen esta lectura, el fenómeno trasciende banderas partidarias o cambios de gobierno: los rostros cambian y los grupos se reacomodan, pero la estructura de fondo sigue operando.
Sin embargo, el argumento también pone el foco en el papel de la propia ciudadanía. Según este planteo, el sistema se mantiene en pie no solo por la fuerza de quienes lo dirigen, sino porque muchas veces las reglas se asumen como un destino inevitable y no como una construcción humana modificable. De ahí que la pregunta central deje de ser si una norma suena justa en abstracto y pase a ser quién la redactó, qué intereses protege y a quién perjudica en la práctica.
Frente a ese diagnóstico, la salida no se plantea desde la resignación, sino desde la convicción de que una mayoría organizada no está condenada a cumplir un papel pasivo. Para quienes abogan por una transformación profunda, entender cómo funciona el mecanismo es el primer paso para exigir participación real, disputar espacios de decisión y repensar las reglas que ordenan la vida en común.

