CIUDAD DEL ESTE (corrupción, por Carlos Roa) La fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, es el blanco de la crítica ciudadana por la inacción del Ministerio Público para imputar a la legión de sospechosos señalados con documentos de robar al Estado. El Ministerio Público no da señales de vida en el movimiento de la carpeta fiscal abierta en investigación del escándalo en serie protagonizado por referentes públicos y privados unidos para consumar hechos de estafa y robos de recursos del covid por medio de adquisiciones malogradas que dejaron al descubierto un esquema de perversión procedimental que permanece impune.
Sandra Quiñonez, una autoridad que hace años viene encubriendo a los acusados de corrupción.
Los propios fiscales investigadores admitieron a medios de prensa la existencia de elementos incriminatorios que comprometen en ilícitos a autoridades del Ministerio de Salud Pública y a empresarios que, según los datos, responden a padrinos de alta gama empotrados en círculos del poder político y legislativo.
En un primer momento, a poco de quedar al desnudo detalles escalofriantes del modus operandi de las empresas seleccionadas para las adquisiciones de insumos sanitarios, que en realidad eran dos en uno, aparecieron señales positivas de carpas fiscales con intervenciones cargadas de incautaciones de evidencias, que al poco tiempo perdieron peso y transitaron por la senda que conduce a nada.
A esta altura, cuatro meses después de declararse la cuarentena sanitaria por la pandemia, no hay imputados en la causa, sino un par de renuncias con piolita que evidencian un afán eminentemente teatral o cosmético.
Con todos estos antecedentes, no pueden esperarse tiempos mejores para la justicia en nuestro país, sino la continuación indefinida de la corrupción que mancha la imagen de Paraguay en el consenso internacional, luego de positivas señales en la lucha contra el coronavirus con la puesta en práctica del eslogan “Quédate en casa”, que fue aprovechado con vileza por una asociación ilícita para delinquir. Otros que también deberían ser investigados son el administrador de aduanas de CDE Nelson Fleitas, con sus acólitos, secretarios usurpadores, como el tal David Olmedo, tiburón Villalba, el cráneo Juan Carlos Aquino alias lentuki, el subadministrador, el tal Max el pastor coimero y de cierto también al capitán Walter Díaz, que es el único que aparece en la lista de los opresores gua´u contra el contrabando, siendo que ellos son los que liberan de 18 horas a 6 de la mañana, a orillas del Paraná, que resulta en una jugosa recaudación de casi 400 millones de guaraníes por noche. Esto también deberían estar con baja deshonrosa y en Emboscada o Tacumbú, a pesar que tiene fueros por valores semanales con su comandante, el hermano del vicepresidente Velázquez, el tal Carlos Velázquez, que ya salió de baja ndaje, pero hubo un retrotrajo ka´ure en una fiesta que le prepararon al presidente Maurito.
