CIUDAD DEL ESTE (Realidad fatídica por Carlos Roa) Un funcionario del Instituto Nacional del Cáncer fue detenido tras ser descubierto cobrando hasta cinco millones de guaraníes para adelantar cirugías y tratamientos oncológicos. Aprovechaba su cargo para insertar “amigos” en la agenda de los médicos, alterando el sistema y dejando de lado a pacientes que aguardaban con paciencia y necesidad. La investigación se inició gracias a la denuncia de un ciudadano, lo que permitió a la Fiscalía montar un operativo de entrega vigilada que culminó con la aprehensión del sospechoso.
El caso revela cómo la corrupción puede infiltrarse en los espacios más sensibles de la sociedad: la salud pública. Según los datos, el funcionario ya había recibido dinero por una primera cirugía y seguía exigiendo pagos para una segunda intervención y la compra de medicamentos. La investigación preliminar apunta a hechos punibles contra la Administración Pública, que podrían incluir cohecho pasivo, tráfico de influencias o extorsión.
Este episodio expone la fragilidad de un sistema que debería ser intocable. Los pacientes oncológicos enfrentan una batalla diaria contra la enfermedad, y no es aceptable que además deban luchar contra la corrupción. Cada acto de este tipo destruye la confianza en las instituciones y genera un daño irreparable en quienes dependen de ellas para sobrevivir.
No se puede permitir que la salud se convierta en un privilegio comprado bajo la mesa. La corrupción en hospitales y centros médicos es una traición al juramento de servicio público y un golpe directo a los más vulnerables. No hay justificación posible para lucrar con el dolor ajeno. La sociedad debe exigir sanciones ejemplares y un sistema transparente que garantice que ningún paciente quede relegado por falta de dinero. Con la salud no se negocia, porque cada vida vale más que cualquier cifra.
