CIUDAD DEL ESTE (Realidades por Esteban Ross) Paraguay siempre ha sido un país solidario y abierto. Su gente recibe con brazos abiertos a quienes llegan buscando un futuro mejor, especialmente a ciudadanos de países como Venezuela, donde la crisis política y social obliga a miles a emigrar. El paraguayo, generoso por naturaleza, suele “pasar la mano” y brindar ayuda, confiando en que quienes llegan lo hacen para trabajar y salir adelante. Sin embargo, la realidad demuestra que no todos los extranjeros que ingresan al país tienen buenas intenciones.
En los últimos años, se ha registrado un aumento de casos de delincuencia protagonizados por extranjeros que ingresan de manera legal, con documentos en regla, pero que luego terminan involucrados en hechos violentos. El caso reciente de un grupo de venezolanos que asaltó con violencia y fingió estar herido para atacar, expone la fragilidad de los controles migratorios. No se trata de un hecho aislado: también se han reportado delitos cometidos por ciudadanos brasileños y de otras nacionalidades que aprovechan la falta de verificación real de antecedentes para instalarse en Paraguay.
La ley permite el ingreso legal, pero el problema radica en la ausencia de un sistema riguroso que verifique los antecedentes penales y judiciales de quienes cruzan la frontera. Así, Paraguay se convierte en tierra de oportunidades para quienes buscan trabajar honestamente, pero también en refugio para delincuentes que encuentran aquí un espacio sin controles efectivos.
El daño es claro: la inseguridad afecta a las familias paraguayas, genera miedo en las comunidades y erosiona la confianza hacia los migrantes que sí vienen con intenciones legítimas de progresar. La solidaridad del pueblo paraguayo no debe confundirse con
