CIUDAD DEL ESTE (redacción) Una jueza dictó este miércoles la prisión preventiva para el director de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, dos funcionarios y otras dos personas más por permitir ingreso de drogas y bebidas alcohólicas al lugar.
La jueza penal de Garantías de Ciudad del Este, Teresita Florentín, dictó este miércoles la prisión preventiva del director de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, Rubén Ireneo Lombardo Cristaldo; del coordinador general, Francisco Javier Ramírez Torres; y del guardia Héctor Fredy Mendoza Báez, quienes habrían permitido el ingreso de una gran cantidad de drogas y bebidas alcohólicas al establecimiento penitenciario.
También del ingeniero informático Jorge Darío Mendoza Penayo y del obrero Leonardo Araujo Viera, quienes supuestamente transportaron los productos prohibidos hasta la cárcel.
Todos guardarán reclusión en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo en donde Rubén Ireneo Lombardo Cristaldo ya se desempeñó como director.
La prisión preventiva fue dictada por peligro de fuga o una obstrucción a la investigación, informó Édgar Medina, periodista de Última Hora.
El director de la penitenciaría y el coordinador general fueron imputados por los supuestos hechos de complicidad de funcionario público para suministro sin autorización de estupefacientes en lugares de prisión y asociación criminal.
También fue imputado el guardia del penal, Héctor Mendoza, por tenencia sin autorización y suministro de estupefacientes en lugares de prisión. Mientras que Leonardo Araújo y Jorge Mendoza fueron imputados como coautores por tenencia sin autorización y suministro de estupefacientes en lugares de prisión.
Habría ingresado una furgoneta con drogas al penal
Según la investigación, el director y el coordinador permitieron o autorizaron desde sus cargos el ingreso con fines de venta de 4,940 kilogramos de supuesta marihuana en diferentes presentaciones y dosificaciones, así como bebidas alcohólicas y otras mercancías prohibidas dentro del penal.
Estos actos formarían parte de una estructura criminal dentro del establecimiento penitenciario, aprovechando sus privilegios y oportunidades como funcionarios públicos.
La imputación alega que dieron cobertura y permiso vigilado para el ingreso de una furgoneta, de la marca DFSK, de color blanco, con matrícula AABM192, a cargo de los dos últimos imputados para la descarga de una cantidad considerable de estupefacientes. El vehículo con los artículos prohibidos ingresó a la prisión este lunes 11 de diciembre, alrededor de las 17:00 horas.
Héctor Fredy Mendoza, en su condición de guardia del portón de entrada, habría facilitado el ingreso de la furgoneta con las drogas ilegales y las bebidas alcohólicas dentro del recinto penitenciario.
No obstante, agentes policiales del Departamento de Automotores de la Policía Nacional recibieron información confidencial y comunicaron el hecho al fiscal penal de turno, Alcides Giménez, quienes intentaron intervenir en la cárcel pero no pudieron ingresar debido a la negativa de las autoridades de la prisión.
Dada la sospecha de que el vehículo transportó estupefacientes y productos prohibidos, el caso fue comunicado al fiscal Rojas Rodríguez, quien allanó la Penitenciaría Regional junto con la juez de Atención Permanente, Paola Nagele, y logró confiscar las drogas y bebidas alcohólicas, así como otras evidencias.
El operativo, que contó con el acompañamiento de agentes policiales, se llevó a cabo en horas de la madrugada de este miércoles.
Las drogas fueron halladas en la celda del recluso Ali Issa Chamas, mientras que las bebidas estaban en otras dependencias.
Director habría borrado grabaciones de circuito cerrado
Asimismo, se procedió a verificar la oficina del director Lombardo Cristaldo, quien compareció durante la inspección de su despacho y se le solicitó las grabaciones de circuito cerrado.
Sin embargo, no pudo entregar las evidencias, ya que se presume que minutos antes de la llegada de la comitiva fiscal-policial, el mismo habría borrado las filmaciones de la cámara de seguridad con el objetivo de evitar que los intervinientes pudieran observar el movimiento dentro del penal.
Debido al cúmulo de evidencias recopilado, el fiscal Manuel Rojas imputó a los presuntos involucrados y solicitó la prisión preventiva de todos ellos, considerando la gravedad de los hechos punibles.