NACIONALES (Realidades por Carlos Roa) Vivimos días de tensión en las calles a raíz de la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay (BCP). En medio de este escenario, un sector de la oposición y disidencias políticas ya formalizó un pedido de juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, logrando reunir 35 firmas en la Cámara de Diputados para impulsar el libelo acusatorio. Sin embargo, detrás de la legítima preocupación de la ciudadanía, se ha montado una estrategia de agitación impulsada por sectores políticos que buscan sacar provecho de la situación, utilizando el malestar general para sembrar pánico, confrontar con las fuerzas de seguridad y empujar a la gente a disturbios callejeros que solo ponen en riesgo su integridad física.
Es fundamental separar el problema financiero real de la manipulación oportunista. Quienes salen a las calles a confrontar y exponerse muchas veces son utilizados como carne de cañón por agitadores que ni siquiera son ahorristas afectados. La realidad económica informada por las autoridades monetarias es clara: el BCP y el Fondo de Garantía de Depósitos establecieron un mecanismo rápido para que los clientes recuperen sus fondos de manera escalonada (cubriendo hasta 75 salarios mínimos, que rondan los 228 millones de guaraníes), asegurando que el 97% de los ahorristas recupere la totalidad de su dinero. Es poco probable que un ahorrista con sumas importantes esté arriesgándose en las calles; el verdadero afectado cuenta con los canales legales y técnicos en marcha, mientras que el alboroto callejero solo responde a intereses de desestabilización política.
La psicosis colectiva también intentó extenderse hacia el Instituto de Previsión Social (IPS), agitando el fantasma de que los fondos jubilatorios desaparecerían. No obstante, las autoridades de la previsional salieron a calmar los ánimos, aclarando de forma oficial que los haberes jubilatorios y el pago adicional anual —técnicamente denominado beneficio adicional anual o aguinaldo para los jubilados y pensionados— están completamente garantizados y se abonarán en las fechas previstas, gracias a que operan con reservas independientes de las inversiones financieras coyunturales. La migración de las cuentas de los jubilados que cobraban en la entidad intervenida ya se está gestionando de manera ordenada para evitar cualquier perjuicio.
En este delicado contexto, la ciudadanía debe actuar con cautela y no dejarse arrastrar por discursos alarmistas que solo buscan pescar a río revuelto. La solución técnica y legal a los depósitos ya está en marcha por los carriles institucionales correspondientes, y salir a la vía pública a arriesgarse en refriegas violentas solo sirve a agendas políticas particulares. El país necesita templanza y apego a la legalidad, alejándose de figuras y maniobras que históricamente han demostrado ser un desastre para la estabilidad institucional y el bienestar de los trabajadores paraguayos.
