CIUDAD DEL ESTE (geofagia, por Carlos Roa) En el año 2008, la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), organismo creado por Ley N° 225/03 para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner, presentó su informe final, el cual, en su capítulo cuarto, contiene un estudio realizado que detalla las casi 8 millones de hectáreas de tierras malhabidas que se adjudicaron ilegalmente durante el stronismo y el post-stronismo a militares, amigos, seccionaleros, hurreros y hasta periodistas, como las 2 mil hectáreas regaladas a Humberto Rubín.
El estudio abarcó adjudicaciones realizadas por los diversos entes responsables de las tierras públicas entre 1954 y el año 2003, y concluyó que el 32,7% de las tierras arables del país fueron entregadas irregularmente a personas no sujetas de la reforma agraria. La extensa lista de beneficiarios ilegales incluye a políticos, militares, narcos, seccionaleros y hasta a actuales autoridades nacionales. Los pocos esfuerzos de recuperación impulsados no han tenido ningún tipo de éxito en estos años.
La lista contiene nombres como el del fallecido general Andrés Rodríguez, ex presidente de la República, consuegro de Stroessner y cabecilla del golpe que lo derrocó. El mismo acumuló un total de 24.317 hectáreas de tierra malhabida. Un caso totalmente atípico es el del último dictador salvadoreño Anastasio Somoza, asesinado en Paraguay durante su exilio, y también beneficiado en ese tiempo con unas 8.000 hectáreas.
Mario Abdo Benítez, padre del actual presidente de la República y ex secretario privado de Stroessner, figura con un total de casi 3 mil hectáreas de tierras adjudicadas. El ex canciller Eladio Loizaga también figura en la lista con 16 mil hectáreas adjudicadas, así como el asesinado vicepresidente de la República Luis María Argaña, con más de 7 mil hectáreas.
También se leen nombres de autoridades actuales, como el director paraguayo de Itaipú, Ernst Bergen, y su esposa, con dos mil hectáreas adjudicadas en 1997. Otro es el senador colorado Enrique Bacchetta, con más de 4 mil hectáreas adjudicadas en el año 1993. En fin, la lista es hectárea y hectáreas todavía, ahora nos preguntamos en la actualidad, a quién denunciamos esta situación, porque al IBR ya se extinguió y el INDERT no tiene potestades, donde se debe denunciar estos abusos de aquel asesino, violador de inocentes Stroessner, para que tenga un efecto retroactivo y devolver esas miles de hectáreas, como el caso de Wasmosy y la estancia Santa Teresa, que sirve según fuentes para el sube y baja de la Pepsi Cola, no no nooo, Coca Cola era había sido.
