CIUDAD DEL ESTE – Un Tribunal de Sentencia condenó ayer a Óscar González Daher y a su hijo Óscar González Chaves a 7 y 8 años de prisión, respectivamente, por diferentes hechos de corrupción. En caso de quedar firme el fallo, ambos deberán cumplir sus penas en la penitenciaría de Tacumbú.
Después de 23 horas de liberación, el Tribunal de Sentencia dictó este jueves la sentencia para el ex senador Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chaves, tras un juicio oral y público que duró más de seis meses. Los jueces Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Jesús Riera resolvieron condenar a ambos a 7 años y a 8 años, respectivamente. Además, fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos por 7 años. Esto regiría recién una vez cumplida la condena en prisión.
Asimismo, los magistrados decidieron mantener las medidas cautelares contra los condenados decretadas por el juez Humberto Otazú, hasta tanto quede firme la sentencia. En ese sentido, aún no irán a prisión. La defensa de los procesados todavía tiene la opción de apelar el fallo judicial, por lo que el proceso todavía va a continuar. La Fiscalía había solicitado la pena de 10 años para Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chaves durante el juicio oral y público. Los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera representaron al Ministerio Público.
Por otra parte, el Tribunal de Sentencia ordenó el comiso especial por valor de G 29.237.656.115 para Óscar González Chaves, con embargos de entre 50 y 100% de saldos. Mientras tanto, para su padre el comiso especial es de 5.903.362.496 más el comiso de 50 y 100 de saldos.
En ambos casos, son sumas que los procesado no lograron esclarecer sus fuentes de ingreso, lo que constituyen el valor de enriquecimiento ilícito. El dirigente político colorado Óscar González Daher fue condenado por declaración falsa y enriquecimiento ilícito, por lo que deberá pasar 7 años.
Aunque, el ex parlamentario fue absuelto en el caso de lavado de dinero porque los jueces señalaron que prescribió el 24 de agosto de 2019. Se tomó como base la creación de la empresa Príncipe Di Savoía el 24 de agosto del 2009. Por su parte, Óscar González Chaves fue hallado culpable por declaración falsa, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, por lo que fue sentenciado a 8 años de pena privativa de libertad.
Durante la exposición de los alegatos finales, el abogado Claudio Lovera pidió la absolución de culpa y el reproche por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa. Asimismo, planteó que en el caso de que el Tribunal los encuentre culpables de alguno de los delitos, la pena sea de solo un año. Con respecto a la inhabilitación de ejercer cargos públicos, que era otro pedido de la Fiscalía, la defensa consideró que no se dan los presupuestos.
El juez Jesús Riera explicó que el juicio oral contó con mucha carga de evidencia que llevó a tomar la decisión del Tribunal y dar una sentencia. Dijo que impactó la cantidad de prueba documental que consistía en 78 tomos de carpetas fiscales, unos cuantos anillados y cajas de documentos.
Sostuvo que el juicio, además, contó con 50 testigos y varias pruebas periciales y enfatizó que para los fallos fueron determinantes los documentos referentes a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), contables y escrituras públicas varias, no solo de inmuebles, sino de actos procesales. El magistrado comentó de forma general que el Tribunal pidió tres tomos fiscales más y convocó a ocho nuevos testigos que debían estar desde el principio del juicio para resolver la causa. Sin embargo, los jueces criticaron las pericias de la Fiscalía y de la defensa.
Óscar González Daher fue uno de los primeros políticos paraguayos declarados como “significativamente corrupto” por el Departamento de Estado de Estados Unidos. El juicio oral llevó más de seis meses y, en su mayor parte, se presentaron pruebas documentales y pericias, teniendo en cuenta los delitos investigados, más de índole económico.
González Daher renunció a su banca en la Cámara de Senadores a fines de agosto, ante las protestas frente a su vivienda. Estaba siendo investigado por el caso de la inmobiliaria Príncipe Di Savoia SA. Figuraba como titular de varias propiedades en estado de evasión de impuestos. La firma estaba compuesta por el ex senador luqueño, más sus hijos Rubén y María Emilia, así como el juez Juvencio Torres.
