La ¿sala constitucional? se inconstitucionalizó, y con ello la ¿corte?, una vez más, en este caso al ordenar de facto, y no por argumentos jurídicos, sino por una movilización pública de la corporación médica, lo que en los hechos es la ¿revisión de la revisión? de una todavía no ejecutoriada ¿sentencia definitiva?, esta con fundamentos sospechada de ser resultado del indebido proceso, escribió el conocido periodista José Luis Simón, con relación a la movilización de las médicas condenadas quienes exigen la revisión del fallo condenatorio.
Se pregunta el comunicador ¿Qué nos espera a quiénes constitucionalmente exigimos justicia del debido proceso en nuestro país?
El caos jurídico existente de facto, desde hoy, se convirtió en la inconstitucional doctrina y jurisprudencia de esta “corte de los milagros”, bajo el pésimo disfraz… ¡de la suspensión de la ejecución de una ¿sentencia definitiva? sometida a revisión!,
Esto es el resultado directo del hecho incontrovertible de que los poderes fácticos del crimen organizado de la narcoactividad, y otros, desde hace tiempo, se comportan como tales en la corte suprema de la injusticia. ¿Existe el sistema jurisdiccional-constitucional en el Paraguay? Rotundamente no.
Y tal realidad fáctica es también la que impera con comodidad en los ámbitos del ¿Ministerio Público?, y de otros ¿poderes del Estado?
Entonces, no puede llamar la atención que el ¿poder jurisdiccional? local, en su máxima instancia, regrese sobre sus pasos, inconstitucionalmente.
Este escándalo jurisdiccional, no es el único o excepcional, emanado de la sentina que es la corte en su conjunto, y en particular de su ¿sala constitucional?, e insurge con pronósticos trágicos contra la tradición jurídica del republicanismo constitucional y democrático.
El “milagro paraguayo” del que los poderes fácticos de nuestro país tanto se ufanan, lisa y llanamente significa que la inseguridad jurídica, la base de todas, impera por sobre el anómico y anémico ¿sistema constitucional? de esta democracia fraudulenta.
Por cierto: hay serias señales de que el debido proceso constitucional tampoco imperó en el juicio incoado a las dos profesionales de la medicina, acusadas de la muerte de una paciente por supuesta negligencia en el cumplimiento del código hipocrático y de los correspondientes deberes inexcusables de las galenas en cuestión. Se llega a tal caos jurídico porque esto suplanta al “PJ”.
Si esto ocurre en la mal denominada Corte Suprema de la Injusticia, ¿qué Justicia pueden esperar los campesinos sin tierra, y los más pobres entre los más pobres, los sobrevivientes-mártires de nuestras etnias originarias?
