El fiscal Alberto Nisman fue hallado muerto el 18 de enero en su departamento de Buenos Aires con un disparo en la cabeza y un arma a su lado, días después de haber denunciado un supuesto complot oficial para encubrir a los autores de un trágico ataque antisemita que él investigaba desde hacía una década.
“Estamos frente a un intento de Golpe de Estado, que procura sacar del medio a la Presidenta y terminar con este proyecto político que gobierna desde el 2003, para imponer la restauración conservadora-neoliberal que gobernó durante décadas para su provecho”, sostuvo en un comunicado el subsecretario Gustavo López.
El funcionario no dijo exactamente quién creía que era el responsable de la muerte de Nisman -que aún no se sabe si se suicidó o fue asesinado- pero relacionó el hecho a “los grandes intereses económicos”. La muerte de Nisman ha golpeado la imagen de Fernández, lo que complicará las opciones del Gobierno en la elecciones presidenciales de octubre.
La mandataria no podrá ser candidata porque cumplió el máximo de dos períodos consecutivos que le permite la ley, pero expertos dicen que el caso impactará negativamente al candidato que represente a la gestión actual. El Gobierno ha afirmado que el fiscal recibió información falsa de exagentes de inteligencia para elaborar su denuncia, que además de Fernández implica también al canciller Héctor Timerman y a un legislador.
A finales de la semana pasada, el secretario general de la Presidencia dijo que Nisman trabajaba como un “soldado” al servicio de un ex jefe de espionaje que lo manipuló para vengarse de Fernández tras haber sido despedido en diciembre. “La débil denuncia de Nisman, que no pasaba un examen de primer año de la facultad, no alcanzaba para mantener el escándalo”, dijo.
“La política es mantener el escándalo, por eso la muerte”, añadió López, un funcionario cercano a la presidencia. Cuatro días antes de morir, Nisman había denunciado un plan gubernamental para encubrir a los acusados iraníes de haber organizado un atentado a una mutual israelí en Buenos Aires que dejó 85 muertos en 1994.
Muchos expertos han dicho que la denuncia es endeble y no tiene sustento legal. El caso conmocionó a la sociedad argentina y causó un alto revuelo en la dirigencia política. A su vez, dejó en evidencia el oscuro funcionamiento de la agencia local de espionaje, lo que llevó a Fernández a enviar al Senado un proyecto para reformar el sistema de inteligencia del país.
