Primera parte
SANTA ROSA DEL MONDAY (Denuncia ciudadana por Enviado Especial) Hasta nuestra redacción llegó la grave denuncia pública presentada por María Celestina Acosta Araujo desde la zona de Santa Rosa del Monday y la colonia Santa Lucía, en el departamento de Alto Paraná. La denunciante manifiesta un profundo y apremiante temor por su vida, la de su esposo Rosemar Schueroff y la de sus tres hijos menores de diecisiete años, dos años y nueve meses, y un recién nacido de apenas dos meses de edad. El origen de este clima de extrema inseguridad radica en un feroz litigio patrimonial y sucesorio desencadenado en el seno de la familia Schueroff, donde la pugna por la repartición de bienes y hectáreas de tierra entre hermanos terminó por quebrar la relación familiar y escalar hasta las instancias judiciales. Ante la falta de respuestas efectivas por parte de los órganos de protección y tras el fracaso de denuncias penales anteriores, la afectada decidió hacer público su testimonio para alertar a la ciudadanía, responsabilizar a la parte contraria y exigir la intervención urgente e inmediata del Ministerio Público y la Policía Nacional antes de que la violencia escale a una tragedia irreparable.
El trasfondo del conflicto se remonta al manejo de un importante patrimonio familiar compuesto por una estancia y aproximadamente mil hectáreas de tierras agrícolas de alto valor productivo. Durante cerca de diez años, la madre del núcleo familiar permaneció en cama debido a un delicado estado de salud, periodo en el cual la administración general de los bienes quedó en manos de Roseli Schueroff. Mientras ella manejaba las finanzas y los títulos, su hermano Rosemar Schueroff se dedicaba de lleno al trabajo operativo de campo codo a codo con su padre, Gustavo Schueroff. De acuerdo con el testimonio de la denunciante, durante ese periodo de convalecencia materna, Roseli habría realizado transferencias a su favor por más de quinientas cincuenta hectáreas distribuidas en diversos lotes sin el consentimiento ni conocimiento de su hermano, dejándolo con apenas veinticuatro hectáreas tras haberse visto obligado a vender una pequeña parcela para subsistir.
Tras el deceso de la madre en el año 2024, las partes acudieron a la vía legal para formalizar la sucesión por escritura pública, adjudicando ciento treinta y nueve hectáreas a Rosemar y cuarenta y siete hectáreas a Roseli, junto con la división de maquinarias agrícolas. La denunciante reconoce que en esa instancia cometieron el error de no asentar en el documento que Roseli ya había recibido un sustancial anticipo de herencia en los años previos. Un año después de la firma, el padre recapacitó sobre la desproporción del reparto y decidió ceder a Rosemar el cincuenta por ciento de la masa hereditaria que le correspondía, contando incluso con la firma de un acta de manifestación de voluntad por parte de Roseli, quien declaró no tener más reclamos que hacer al haber recibido su parte. A cambio, Rosemar asumió la responsabilidad de mantener un contrato de arrendamiento agrícola con el Grupo Favero hasta el año 2030, entregar una cuota de granos para la manutención de su padre y ceder más de ciento setenta hectáreas de cultivo para su sobrino Luis Gustavo Ten Caten.
Sin embargo, la paz duró pocos meses. El padre volvió a alinearse con Roseli y juntos contrataron la representación legal de la abogada Francys Irma Cáceres Benítez, vinculada profesionalmente al Grupo Favero, para promover acciones judiciales orientadas a anular de forma total las transferencias y documentos otorgados a favor de Rosemar. A partir de esa ofensiva legal, la familia de Rosemar afirma haber empezado a sufrir constantes presiones, amenazas e intentos de intimidación para forzarlos a renunciar a sus derechos sobre las tierras. La crisis llegó a su punto más crítico el tres de octubre de 2026, cuando detectaron la presencia reiterada de personas merodeando los alrededores de su vivienda e ingresando sin autorización a su propiedad privada, lo que motivó la emisión del comunicado público en el que responsabilizan de forma directa a Roseli Schueroff, su esposo Celso Luis Ten Caten, su hijo Luis Gustavo Ten Caten, Natalia Weachter, el padre Gustavo Schueroff y la abogada interviniente por cualquier atrocidad o atentado que pudiera sufrir su núcleo familiar.
Próxima entrega (Segunda Parte): Analizaremos los documentos judiciales compartidos por la denunciante, centrándonos en las resoluciones de prohibición y la actuación de una jueza de la ciudad de Presidente Franco que habría firmado medidas cautelares fuera de su jurisdicción territorial.
