Si dos funcionarios diplomáticos de la misión paraguaya en la OEA, al parecer marido y mujer, y uno de ellos con rango de primer secretario, por años perpetraran fraudes en perjuicio del tesoro: ¿cómo esperar que sean competentes para defender con probidad y capacidad profesional nuestros intereses nacionales en complejas negociaciones diplomáticas?
Hablamos del caso de Jorge Antonio Ruiz Díaz Presentado, primer secretario de la Misión Permanente de Paraguay ante la OEA, quien compró una casa en Washington DC por US$ 215.000 dólares. Actualmente, la residencia, ubicada en el 1156 de 1ST Street, tiene un valor cercano a los US$ 500.000. En tanto, Ruth Marilia Acosta Gamarra, también funcionaria contratada de la representación diplomática paraguaya y supuesta pareja de Jorge Antonio, compra por US$ 375.000 una casa ubicada en la zona límite entre Washington DC y Maryland. Sin embargo, todos los meses al menos uno de ellos (Jorge Antonio) recibe un subsidio de aproximadamente US$ 3.000 para alquilar una residencia en Estados Unidos, según consta en la nómina oficial de funcionarios de Cancillería. Es decir, el Estado paraguayo les está reponiendo un dinero por un alquiler inexistente.
Además: ¿cómo es que llegaron a tales puestos de elevada responsabilidad diplomática y que todavía no estén al menos a disposición de “auditoria interna de la cancillería” y que las contraloría y fiscalía tampoco no hayan empezado a indagar e investigar?
¿Quiénes son los padrinos tan poderosos y corruptos que los protegen, mientras el denunciante, con pruebas documentales del hecho antijurídico, reprochable e imputable, el entonces embajador ante la Casa Blanca, Igor Pangrazio, en los hechos fue destituido? Dónde está la tan mentada meritocracia de la que siempre habla a boca llena el presidente Cartes? Estos casos ya deberían tomar un efecto Vesubio, para hacer lo correcto.