CIUDAD DEL ESTE (por Carlos Roa) Los nepo babys no son los únicos que mueven la rosca mafiosa dentro de la instituciones públicas, existen otras dependencias como Migraciones que cuenta con funcionarios contratados desde hace varios gobiernos donde se manejan como quieren haciendo de la institución publica un lupanar, en CDE tenemos un caso clarísimo como lo es el del tal Hugo Vera Faca tantas veces denunciado por el manejo irregular y la venta de documentos sensibles donde varios funcionarios se encuentran implicados, mientras el nuevo director Jorge Kronawetter sigue haciendo la vista para un lado.
Ahora hablan sobre un proyecto de ley para la carrera del Servicio Civil, es decir el funcionariado público, para que se pueda regularizar que personas como este que no poseen ningún mérito más que el arte de la rapiña puedan ser controlados y no ingresen a instituciones públicas por el simple hecho de tener algún padrino en la capital que los esté resguardando, lo mismo con estos hijos de políticos que maman del estado desde la niñez y rápido aprenden a ser caraduras y a acumular riquezas sin siquiera levantar un bolígrafo.
El proyecto de ley de la carrera del Servicio Civil, próximo a ser tratado en el Congreso, establece varias disposiciones para los funcionarios públicos, incluyendo la obligatoriedad de concursos públicos para los nombramientos, entre otros aspectos.
El Poder Ejecutivo remitió tiempo atrás al Parlamento el proyecto de ley de la carrera del Servicio Civil, que plantea una reforma del sistema de la Función Pública, complementando y actualizando las disposiciones vigentes en la Ley N° 1626.
La nueva ley será aplicable a todos los organismos de la administración central (entiéndase, instituciones públicas), así como a entidades de administración descentralizada y a las municipalidades.
En la normativa se establece que el concurso público de oposición será la única vía de ingreso a la carrera del servicio civil, al tiempo de especificar que los nombramientos que sean efectuados sin concurso público o en un proceso adulterado serán nulos.
A su vez, la creación de nuevos cargos y puestos en las instituciones públicas requerirá indefectiblemente de la autorización y el dictamen favorable de la Subsecretaría de Estado de la Función Pública, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Por otra parte, los nombramientos tendrán carácter “provisorio” y quedarán sujetos a un periodo de prueba de 6 meses, tiempo durante el cual el funcionario será supervisado. Posteriormente, pasará a la etapa de evaluación para luego alcanzar la estabilidad en la carrera.
Para los ascensos, se requerirá un mínimo de 3 años en el cargo, además de una calificación “bueno” y ninguna “deficiente o desaprobada”, además de haber pasado el concurso público de oposición. Misma exigencia regirá para las promociones.
Para llegar a la estabilidad laboral, el funcionario público necesariamente debe haber ingresado a través de un concurso público de oposición o un cargo de la carrera del servicio civil, además de haber cumplido al menos 4 años ininterrumpidos de servicio en la función pública y haber aprobado un examen de conocimientos.
También se establecen evaluaciones de desempeño de forma periódica, las cuales servirán como parámetro a la hora de disponer ascensos y promociones, movilidad interna, necesidades de capacitación a funcionarios o desvinculaciones.
Las personas que hayan sido condenadas o sancionadas por delitos, crímenes o actos de corrupción en contra de la administración pública quedarán inhabilitadas para ocupar cargos en la función pública, según lo que dispone la ley.