CIUDAD DEL ESTE (crisis del transporte, por José Luis Simón) Hay muchas dudas sobre la grave crisis del transporte y preguntas incómodas que ni el Estado ni la prensa responden adecuadamente, quiénes son los dueños de los camiones, sindicatos o empresas? ¿Entonces, la ley de precios del flete es inconstitucional, pero quién rompió la relación productores – transportistas?
Ya conocemos, por padecerla, la irresponsabilidad criminal de nuestros malos gobernantes (actuales y pasados) en los tres poderes del Estado y en los organismos constitucionales extrapoder, con las excepciones de rigor. Sabemos quiénes son los actores personales e institucionales en el sector de la producción. ¿Porqué tanto misterio sobre la identidad de las organizaciones y líderes de los transportistas? ¿Allí también está ya el crimen organizado?
También conocemos la irresponsabilidad de senadores populistas que, al aprobar en general la ley de precios del transporte, inconstitucional por donde se la mire, y criminal potencialmente, como se comprueba según transcurren los días, algo que es propio de politiqueros partidocráticos populistas de varias fuerzas: ANR, PLRA, FG, PPD, entre otros.
Necesitamos saber desde hace días, quienes son los que actúan corporativamente en el sector transporte, en función de sus intereses mezquinos y acaso con la intención de generar un gran estallido… Solo la prensa puede informarnos y es su obligación. Hoy volví a leer todo lo publicado y nada hay que permita responder las preguntas planteadas y otras. No solo hoy. También en días anteriores.
Así como están las cosas, lo que se debe hacer es ajustar el flete a las fluctuaciones del precio del carburante (gasoil), que este año ya subió en 3 oportunidades. Lógicamente, es justificado el reclamo de los camioneros en ese sentido. Es decir, si el precio del diésel sube 400 guaraníes, el flete debe ser incrementado automáticamente, pero no implementar una ley que estipula una ganancia neta del 25% sobre los ingresos, eso es absurdo y no se compadece en una democracia, donde el precio y la demanda son los que establecen los costos y no el gobierno.
